El gobierno ha anunciado una nueva asignatura en la malla curricular: la educación financiera. Los sectores público, privado y no gubernamental, deberían participar en la construcción de esta propuesta que responde a un objetivo relevante: salir de la pobreza con un empleo seguro.
El modelo de Desarrollo Humano Integral establece tres estrategias importantes: la salud, unida a la nutrición; la educación de calidad con equidad; y el empleo seguro para todos. En su conjunto, las estrategias mencionadas permiten la satisfacción de necesidades básicas y el logro de una calidad de vida compatible con la dignidad de los seres humanos. En este contexto, el Ministerio de Educación va a trabajar la educación financiera, para atacar uno de los problemas fundamentales del país: el desempleo y su cara visible, la informalidad.
La situación
Una encuesta realizada por el Banco Central del Ecuador revela que nueve de cada diez ecuatorianos no han recibido información sobre educación financiera. Esta situación retrata un problema real, que coloca a un sector importante de la comunidad nacional en desventaja, pues la informalidad -que está unida inseparablemente a la pobreza estructural- supera el sesenta por ciento.
La Constitución y las leyes registran normas alusivas, pero muchas disposiciones han quedado en el papel. Y lo que es más grave: un enfoque perverso ha “legitimado” la pobreza como una forma de vida y como algo “natural”, y ciertos líderes políticos han utilizado a la pobreza y a los pobres como plataforma electoral. ¿Qué hace nuestro país para atacar a fondo este mega problema?
Según datos de Cordes –Corporación de Estudios para el Desarrollo- “por cada 100 empleados, 46 laboran informalmente”, antes de la pandemia. Y ahora la tendencia se acerca al 60%. La OIT –Organización Mundial del Trabajo- sostiene que “los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores”.
El acceso de los pobres a la propiedad
Hernando de Soto, peruano, delineó en el libro “El otro sendero”, una propuesta para superar este problema estructural de nuestros países. Su proyecto fue trabajar por una estrategia clara: el acceso de los pobres a la propiedad, a través de mecanismos especiales de capitalismo popular, que permita la participación de todos los informales –trabajadores autónomos- mediante créditos blandos, plazos largos, educación financiera y solidaridad.
Otra experiencia exitosa fue la de Muhammad Yunus, ganador del Premio Nobel de la Paz, a quien se le atribuye la idea del microcrédito para salir de la pobreza desde abajo. Yunus y el Banco Grameen –su creación- demostraron “que hasta los más pobres entre los pobres pueden trabajar para su propio desarrollo”.
¿Por qué alfabetización financiera?
En la Declaración del Milenio patrocinada por las Naciones Unidas, se recogen ocho objetivos fundamentales (ODM): “la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el sustento del medio ambiente”. Estos objetivos están conectados entre sí, y en su conjunto intentan fomentar una alianza mundial por el desarrollo humano.
La alfabetización financiera sería el camino para que los pobres se organicen y apliquen mecanismos de autosuperación mediante modelos de solidaridad, producción e intercambio de bienes y servicios asequibles a la mayoría. Uno de los primeros pasos constituye la educación financiera
Según la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico integrado por 38 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales-, la educación financiera es “el proceso por el cual los consumidores/inversores financieros mejoran su entendimiento de los productos, conceptos y riesgos financieros y, mediante información, instrucción y/o asesoramiento de objetivos, desarrollan las habilidades y la confianza para llegar a ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras”.
La educación financiera consiste en “proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar las mejores decisiones financieras”.
Institucionalidad en el Ecuador
La Superintendencia de Bancos del Ecuador desarrolla desde 2013 programas de capacitación financiera, en la línea de generar una cultura financiera que promueva el conocimiento de los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos respecto del sistema financiero.
El Banco Central del Ecuador (BCE), en cumplimiento de los mandatos constitucionales “aplica una política pública de inclusión financiera, a fin de ampliar, a través del Sistema Nacional de Pagos, el acceso y utilización de los servicios financieros a segmentos de la población con limitado acceso a estos servicios”.
La Superintendencia de Economía Solidaria, otro mecanismo estatal, intenta responder con créditos especiales a los ciudadanos que trabajan en la informalidad. Sus repercusiones todavía son limitadas.
Preguntas obvias: si la “súper” de Bancos y el Banco Central ejecutan sistemas de educación financiera, ¿por qué la encuesta refleja tan limitados resultados? ¿Es que ha faltado voluntad política? ¿O la educación financiera no ha sido prioridad de los gobiernos de turno?
La educación dual, un camino
Gremios alemanes y empresas privadas se han unido para crear el Instituto Tecnológico Superior de Educación Dual (IIDEA), que funcionará en Ecuador en 2025, con el propósito de educar al talento humano a través de estrategias que combinen las teorías con las prácticas, las aulas con las empresas.
La preparación de los jóvenes para su inserción en el mundo del trabajo, en función de los requerimientos de las industrias, es una excelente iniciativa que también promueve ANDE (Asociación Nacional de Empresarios), mediante una red de formación dual para potenciar este mecanismo.
Algunos planteles públicos y privados en un pasado reciente han realizado proyectos focalizados en esa línea, aunque de manera dispersa. Hay que insistir en la creación de sistemas estudiantiles, con espacios reales para la creación de bolsas de empleo, fábricas de emprendedores, incubadoras de empresas, cooperativas de ahorro y crédito, bancos escolares donde los alumnos aprendan a manejar el dinero, fomentar el ahorro personal y familiar, planificar presupuesto, realizar inversiones, adquirir deudas y, en general, conducirse financieramente mediante decisiones informadas.
Nueva política pública
A mediano y largo plazo, la alfabetización financiera requerirá una política pública, que implicará una reforma integral del currículo de educación básica, bachillerato y superior. Un acuerdo público-privado-sociedad civil, en esa dirección, es urgente.
Esta política pública identificará estrategias para aplicación de una educación financiera abierta con la participación de los padres de familia, que se oriente a la creación de una cultura del ahorro y planeación, con los niños y jóvenes, para tomar decisiones financieras informadas. Y así promover sistemas de información para administrar las finanzas personales, aprovechar las oportunidades, entender los riesgos, captar la evolución del mercado financiero y la oferta de productos.
Un capítulo especial sería el fomento del ahorro previsional y la protección en la vejez. Y la defensa preferente de la población vulnerable, que se halla en la informalidad. El desarrollo de la micro empresa será un factor clave para la ejecución de una alfabetización financiera incluyente.
La pobreza es un problema real y no solo una estadística, que puede superarse, paulatinamente, con una cultura financiera asequible desde la infancia.
