Los jubilados se reunieron en la Sede Social del IESS para formar un frente de defensa. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.
Alrededor de 200 personas se reunieron ayer (22 de enero) en la Primera Convención Nacional de Ex Servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para resolver acciones con el fin recuperar el pago de su jubilación patronal.
Su reclamo se debe a que un grupo de personas no recibe el rubro de jubilación patronal desde mayo del 2013. Otro grupo dejó de percibirlo a partir de octubre del año pasado. En total se habla de alrededor de 2 700 personas perjudicadas.
La reunión de ayer fue para formar el Frente Nacional de Jubilados del IESS y elegir a su directiva. Francisco Ortiz fue designado presidente, Guido Montalvo y Mercedes Pazmiño son vicepresidentes y Marcelo Barahona es el secretario. Además, decidieron nombrar un vocal por cada una de las cuatro organizaciones de exempleados del IESS que asistieron y uno por las organizaciones de cada provincia.
La Convención se realizó en el auditorio de la Sede Social del IESS. Las personas de la tercera edad que acudieron llevaban consigo carpetas con documentos que prueban sus años de trabajo, los pagos que han recibido y aquellos que les faltan.
Además, tenían carteles con frases como “Contra la ingratitud, abuso e inmoral despojo”, que acompañan sus plantones periódicos en las afueras de la Contraloría y el edificio Zarzuela, del IESS.
Eduardo Jurado es auditor y considera improcedente el dictamen de Contraloría. Explica que al inicio este anulaba el pago de jubilación patronal. Luego fue reformado, y estableció un techo a dichos pagos. Además, dispone que los jubilados devuelvan los valores recibidos que excedan el monto dispuesto por la entidad de control.
Para Jurado, la Contraloría debía respetar la sentencia que emitió la Corte Constitucional, “que reconoce nuestro derecho y no lo supedita a ningún decreto” y no hacer la auditoría. Además, considera que el examen tiene “errores de forma y de fondo”.
Se refiere a los decretos presidenciales 172 y 225, emitidos en el 2009 y 2010 y dirigidos a los servidores públicos. Pero los jubilados del IESS defienden la autonomía de la institución y afirman que ellos no pueden ser catalogados como públicos.
Agrega que toda actividad de control debe ser notificada a los involucrados en el proceso, en tres instancias. “Pero ninguno de los directamente afectados fuimos notificados y eso afecta la validez del documento”.
Los jubilados se niegan a devolver valores, porque son producto de años de trabajo y de contratos y convenios que se oficializaron años atrás. Según Ortiz, hasta 1996 trabajaron bajo un contrato colectivo, amparados en el Código del Trabajo.
Cuando entró en vigencia la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, llegaron a un acuerdo y así no perdieron el derecho a la jubilación patronal y otros beneficios del contrato colectivo, a través de la Resolución 880.
Los jubilados aseguran en un manifiesto que resoluciones posteriores a la de 1996 y siete informes de Contraloría ratificaron esos compromisos.