El titular de Senescyt, Augusto Barrera (leva azul), y el presidente Lenín Moreno, en la Ciudad del Conocimiento. Foto: Archivo EL COMERCIO
Los problemas están detectados: obras paralizadas desde hace dos años y falta de infraestructura para la universidad, mal manejo de créditos chinos. Ahora el siguiente paso es redimensionar el plan en torno a la Ciudad del Conocimiento, en Urcuquí, Imbabura. Eso implica recuperar el proyecto que se inició operativamente en el 2014 y del que la U. Yachay Tech será el eje.
Ese anuncio fue hecho el martes 12 de septiembre del 2017 por Jorge Martínez, gerente de Yachay Empresa Pública (Yachay EP), luego de un recorrido por las instalaciones, en el cual el presidente Lenín Moreno conoció la situación.
Entre otros puntos, en un informe que detalla los problemas detectados se establece una “mala programación del crédito chino de USD 233 millones”.
En el informe se anota que el crédito chino (detenido) no fue programado conforme a las necesidades del proyecto y del Plan Maestro. Entre otros puntos se invirtió en servicios básicos, infraestructura eléctrica y telecomunicaciones para una población de zona urbana proyectada hacia el 2018 de 17 000 habitantes. Hoy son 2 500. La inversión fue de USD 128 millones.
En el informe se señala además que desde mayo del 2015 (más de 27 meses) hay obras paralizadas a cargo de ConEcuakor: cinco edificios, cuatro para la universidad y uno para Yachay EP, con problemas estructurales en las vigas y columnas.
Al respecto, Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay EP, argumentó que el contrato firmado con el consorcio ConEcuakor data del 2014. Y que por la situación económica del país, en el 2015 y 2016, tuvo que suspenderse por falta de recursos fiscales para terminarlos.
“Tras dos años de obra negra hay necesidad de reforzamiento y de un contrato complementario, para actualizar rubros y cumplir con exigencias de nuevas autoridades académicas de Yachay Tech”.
El informe recoge asimismo que Yachay EP tenía una estructura sobredimensionada y funcionaba en Quito con 746 servidores. Solo la oficina en la capital costaba USD 20 000 mensuales.
En ese contexto, la empresa tenía nueve gerentes, 17 asesores de gerentes, 21 abogados y 14 comunicadores. La mayoría vivía en Quito. Esa nómina, al año, costaba USD 13,5 millones.
Otro punto señalado es que el corazón de todo era Yachay Tech, pero esta carece de infraestructura. Tiene 1 010 alumnos y solo 12 aulas y cuatro laboratorios. Se usan temporalmente 11 aulas prestadas del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. Se necesitan laboratorios por USD 60 millones; 19,7 millones este 2017.
Rodríguez también sale al paso de esa denuncia. Y menciona que es falso que edificios de transferencia tecnológica tengan un avance de obra menor al 70%, porque han sido usados por un año para aulas y oficinas. Y que desde inicios del 2016, grupos como IT Empresarial, Athos, Intelworks, IBM, han operado en Yachay.
Pero Martínez también detectó problemas de alcantarillado, porque primero se levantaron edificios y luego se trazaron las vías que en su mayoría son tierra en proceso de asfaltado. De 4 461 hectáreas, 1 525 son zonas de conservación, cimas de montañas y quebradas. Del resto, tierras fértiles, 52,2% no están usadas.
Otro punto crítico tiene relación con la inversión externa. La actual administración señala que la empresa privada ha invertido USD 2,8 millones y no los USD 55 millones reportados durante la etapa de transición. Asimismo, el informe enfatiza que no existe la inversión de USD 3 000 millones de Red Tech Niktesla Corp Cia Ltda anunciada en el anterior gobierno.
En ese marco, la nueva administración apuesta por un redimensionamiento del proyecto, el cual contará -precisó Martínez- con un plan maestro de cuatro etapas de cara a los próximos 33 años.
El trazado de la Ciudad del Conocimiento era de 1 345 hectáreas, pero lo replantearán para que sean 255 hectáreas.
La primera etapa es de dinamización, del 2012 al 2018, en la que se establecen las bases del desarrollo de las actividades de la economía del conocimiento. Luego, la de maduración, del 2019 al 2024; la de estabilización, del 2025 al 2029. Finalmente la de consolidación, del 2030 al 2045.
Martínez solicitó a la Contraloría que realice los exámenes necesarios para conocer cómo fue la gestión del anterior directorio de esa entidad. “Esto no es revancha contra nadie, sino una obligación de transparentar lo recursos públicos”. Augusto Barrera, titular de Senescyt, coincidió. “Este es un momento doloroso, no un momento feliz, es complejo. Apelamos a los principios”.