Un hombre reza en una mezquita, durante el santo ayuno en el mes de Ramadan en Lahore, Pakistán. Foto: AFP
Luego de la reciente saga de atentados perpetrados en su territorio con el sello del Estado Islámico (EI), Francia busca paliativos contra la violencia. Y lo más importante: se ha visto abocada a plantear una etapa diferente de integración, una suerte de nuevo ‘pacto social’ con los musulmanes.
Es más, en uno de sus más recientes editoriales, el diario Le Monde recoge la tesis y se enfoca en la necesidad de ‘Un nuevo islam de y para Francia’ y sin financiamiento externo.
Una necesidad que ya ha sido esbozada por el primer ministro francés, Manuel Valls. Y que ha surgido pese a que París ha sido un ‘modelo’ de la integración con los musulmanes, que forman la segunda comunidad religiosa más importante en el Estado gobernado por François Hollande.
Valls ha delineado los detalles del “acuerdo” que el Gobierno de París pretende articular con el islam. En síntesis, ha mencionado que “para frenar el ascenso del yihadismo” resulta necesario “construir un auténtico pacto con la segunda religión del país a través de una Fundación para el Islam en Francia”.Las declaraciones fueron publicadas por el semanario Le Journal du Dimanche, el pasado domingo 31 de julio.
El Primer Ministro igualmente ha mencionado que Francia “debe hacer al mundo un sorprendente demostración de que el islam es compatible con la democracia”. Y ha redondeado su propuesta: “El Estado ayudará a la conformación de instituciones de formación sólida de la teología musulmana”. Adicionalmente, el Gobierno cerrará los lugares de culto en los cuales se difundan mensajes de violencia y de odio.
Pero ¿qué significa una propuesta así en un país acechado por el terrorismo yihadista y que, a raíz de la serie de ataques terroristas, afronta una oleada de la ‘islamofobia’?
Además, se cuestiona la viabilidad de una iniciativa así cuando la mayoría de los franceses (el 63%) considera que “el islam es un factor cultural negativo”. Al menos así lo reflejan los resultados de una encuesta ordenada en mayo pasado por el diario Le Figaro.
El sondeo, no obstante, se realizó antes del ataque en Niza, que se cobró la vida de 84 personas, el pasado 14 de julio, en pleno Día Nacional de Francia, así como del degollamiento -días después- del sacerdote católico Jacques Hamel, cuando oficiaba misa en el templo de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Los autores de la barbarie contra el cura fueron dos ‘soldados’ del EI, ambos franceses y de 19 años de edad, y que abrazaron las ideas radicales hace poco tiempo.
El perfil del responsable de la masacre en Niza, en tanto, no se diferencia mucho de los dos jóvenes enrolados por el EI. Mohamed Lahouaiej Bouhlel, un tunecino de 31 años, se radicalizó en tiempo récord, según publicó el periódico madrileño El Mundo. Y se convirtió al credo de la violencia en Niza, que las autoridades francesas han catalogado como uno de los ‘viveros’ de fundamentalistas de Francia. Y esa ciudad sureña es apenas una de las 780 zonas urbanas en riesgo, suburbios en especial, en las cuales el islam radical ha encontrado un inquietante ‘semillero’ de adeptos.
Los tres atacantes, en todo caso, son ya una evidencia más de lo que los expertos en terrorismo de Europa han denominado como ‘yihadistas exprés’.
Entonces, el complejo escenario de la búsqueda de un pacto por “un nuevo islam de y para Francia” se da en un país en el cual 4,5 millones de sus 65 millones de habitantes profesan la fe del profeta Mahoma. Es decir, representan un segmento importante y que cada vez crece más no solo en número, sino también en influencia. Además, se contabilizan 2 500 mezquitas o lugares de culto. Un número que parece excesivo, según lo señalan los resultados de otro acápite de la encuesta ordenada por Le Figaro, en el cual el 52% de los consultados demanda que no se construyan más de ellos.
Mientras el Ejecutivo francés trata de encarrillar sus posturas del ‘pacto’ y de la Fundación para el Islam, tendrá que lidiar con cada vez más voces de la derecha y de la ultraderecha, que se muestran partidarias de acciones más duras.
Así, según unas declaraciones recogidas el pasado domingo por la agencia DPA, el exmandatario francés Nicolás Sarkozy lanzó una idea ciertamente controversial. “Una guerra de verdad significa quitarles la libertad y neutralizar a los que pretendan atacar a Francia”, remachó.
En otras palabras, propuso que se aprehendiera a los presuntos islamistas incluso cuando no hayan cometido ningún delito. “Hablamos de cientos de personas de quienes sabemos que pasarán a cometer delitos”, ha anotado el líder político que aspira a retornar al Palacio de Elíseo, la sede de la Presidencia francesa.
Pero los dichos de Sarkozy han terminado por instalar en el ambiente la idea de una suerte de un ‘Guantánamo’ en territorio francés, con las implicaciones jurídicas y en materia de DD.HH. que un proyecto así pudiera tener.
En un escenario cargado de debates y propuestas aderezadas con la polémica, se debe mencionar que desde las filas de los conservadores ha salido un rosario de condiciones, como la expulsión de delincuentes extranjeros a partir de determinada condena, condenas más severas y la prohibición del salafismo, entre otras.
Igualmente, como un potencial freno a la propuesta que Valls aúpa, existe otro punto sobre el cual no hay que perder de vista y que tiene que ver con el calendario electoral. Francia elegirá el próximo año a un nuevo Jefe de Estado y desde ya resulta muy claro que la ‘guerra’ contra el terrorismo tendrá un inusual protagonismo en la batalla en las urnas.
En pocos meses los conservadores elegirán en unas primarias a su aspirante. Sarkozy, quien aún no ha anunciado oficialmente su candidatura, debería rivalizar con el exprimer ministro Alain Juppé.
El pacto en favor de un nuevo islamismo en Francia, por ahora, no tiene viento a favor.