27 de septiembre de 2020 00:00

Endeudamiento del Ecuador: Se parece, pero no es lo mismo

Foto de archivo del logo del FMI en el edificio de la entidad en Washington

El acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional generó un debate polarizado en la población. Foto: Reuters

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Andrés Mejía Acosta* (O)

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El 28 de agosto pasado se anunció un acuerdo de Facilidad Extendida (EFF) establecido entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno del Ecuador, para desembolsar un préstamo de USD 6 500 millones a este último. Según el comunicado de prensa, el acuerdo busca proteger las vidas y medios de subsistencia de los ciudadanos, y sentar las bases para una recuperación macroeconómica.

En el contexto de un agitado año electoral, el acuerdo ha desatado un polarizado debate en la opinión pública. Por un lado están quienes afirman que el acuerdo representa un tanque de oxígeno necesario para cubrir el profundo déficit fiscal, apuntalar la dolarización y enfrentar los costos inmediatos de la pandemia. Para otros sectores políticos, sin embargo, el acuerdo representa una amenaza a los derechos constitucionales establecidos, si no se transparentan los términos de la deuda y se implementa a cambio un ajuste de corte neoliberal.

Para aclarar este debate, vale precisar algunas características fundamentales del actual acuerdo con el FMI, en contraste con el patrón de endeudamiento que tuvo Ecuador en la última década y media. En primer lugar, este acuerdo se da en un contexto de una grave crisis económica domestica, además de la crisis global. Antes de la pandemia, Ecuador se había posicionado en el puesto 54 entre 66 mercados emergentes clasificados por la revista The Economist, en función de su solidez financiera.

Su debilidad financiera proviene de una evaluación comparada de su elevada deuda pública (como porcentaje del PIB), su deuda externa, el alto costo de su endeudamiento y sus bajas reservas internacionales. A este cuadro sombrío se suma la fallida eliminación del subsidio a los combustibles en octubre 2019 y la nueva caída de los precios del petróleo el 2020. La paradoja de Ecuador es que en el lapso de pocos años desperdició su abundancia económica para convertirse en uno de los países menos favorecidos para recibir financiamiento internacional.

En comparación con el resto de países de América Latina, en Ecuador la mayor parte de los ingresos fiscales durante la bonanza petrolera fueron apropiados por el sector público. Esto hizo que tuviera una de las mayores expansiones del gasto de gobierno en la región, brincando desde menos del 25% del PIB en 2002-2004, hacia alrededor del 43% en 2012-2015.

Si bien es cierto el gasto de gobierno se tradujo en un incremento temporal de la inversión pública, este crecimiento no fue sustentable porque siempre estuvo atado a la bonanza petrolera. Paradójicamente, la administración del presidente Correa no usó su autoridad política y discrecionalidad presupuestaria para fortalecer las finanzas en el largo plazo, como lo hicieron otros países vecinos, sino para desmantelar los fondos de estabilización petrolera, incurrir en un mayor desperdicio fiscal y contratar más deuda.

Imagen referencial. El actual acuerdo tiene características que contrastan con el patrón de endeudamiento que tuvo Ecuador en la última década y media. Foto: Ingimage

Imagen referencial. El actual acuerdo tiene características que contrastan con el patrón de endeudamiento que tuvo Ecuador en la última década y media. Foto: Ingimage

Durante el auge petrolero (2010-2014), la deuda ecuatoriana creció en 11,5% del PIB. Tras la caída de los precios del crudo, el gobierno de Correa siguió emitiendo bonos soberanos por USD 11 740 millones adicionales entre 2014 y 2017, para mantener su elevado gasto público. No solo el presidente evitó eliminar los subsidios a los combustibles, sino que adoptó medidas menos ortodoxas e inefectivas como la expansión del balance del Banco Central, la emisión del bonos por parte del BCE y el Seguro Social, subió el IVA y aranceles e impuso controles a las cuentas de capitales. En resumen, la deuda pública oficial agregada subió de un 23% del PIB en el 2013 a cerca del 45% hacia finales del 2017, siendo así uno de los más acelerados endeudamientos de América Latina.

En segundo lugar, este acuerdo con el Fondo, así como la reciente renegociación de deuda privada, representan para el país un importante voto de confianza por parte de los mercados financieros internacionales. Vale recordar que durante la ultima década, el país cargaba con la mala reputación de renegar de sus compromisos crediticios, desde cuando el gobierno decidió desconocer de manera unilateral la legitimidad de la deuda externa y anunció su decisión de no pagar la deuda privada (‘default’) en el 2008. Esta estrategia de confrontación disparó en ese año el riesgo país por encima de los 4 500 puntos básicos, lo que aumentó el costo subsecuente de contratar nueva deuda, que se obtuvo cada vez en plazos más cortos.

Durante la Revolución Ciudadana, la madurez promedio de la deuda soberana se redujo dramáticamente a partir del 2008. Ecuador colocaba deuda con una madurez promedio de 28 años a principios de siglo; pero en pleno auge petrolero, paradójicamente, llegó a contratar deuda más cara en plazos de hasta 2,4 años en el 2013. En comparación, los vecinos Colombia y Perú lograron mejorar la madurez promedio de su deuda durante la bonanza, hasta casi triplicar en años el vencimiento de la deuda ecuatoriana para 2018.

La nueva estrategia de diálogo “cándido y constructivo” le ha dado frutos positivos al país. El acuerdo con el FMI ofrece al país un préstamo sujeto a un interés anual del 2,9% (menos de la mitad del interés promedio de la deuda externa contratada en la última década) y que se tendrá que pagar en un período de 10 años. Como resultado de la exitosa negociación con el Fondo y acreedores privados, la agencia evaluadora de riesgo Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda de Largo Plazo (IDR) Ecuatoriana a ‘B-’ o estable. El anuncio del acuerdo también bajó el riesgo país en 1 900 puntos para cerrar en 952 puntos básicos. En otras palabras, el Ecuador vuelve a ser un sujeto confiable de crédito en mercados internacionales, quizás no en la magnitud de sus vecinos Colombia o Perú (con riesgo país de 250 y 120 puntos), pero con pasos sólidos para reducir sus costos de financiamiento.

Finalmente, el acuerdo de endeudamiento se da en un contexto de mayor transparencia y rendición de cuentas. El préstamo recibido estará sujeto al uso y manejo presupuestario ya establecidos por el Gobierno y aprobados en la Asamblea. Dichos fondos serán invertidos, entre otras cosas, para proteger y expandir el gasto de emergencia (en salud) y la protección social (con mayor cobertura del Bono de Desarrollo Humano). Y el Ministerio de Finanzas pondrá en conocimiento y debate público los detalles del acuerdo dentro de pocos días.

El destino y manejo de los fondos representa un marcado contraste con el opaco endeudamiento con países asiáticos que el anterior gobierno firmó clandestinamente, a través de la figura de preventa petrolera. Por el lado ecuatoriano, fue Petroecuador -y no Finanzas- la encargada de firmar la parte financiera del endeudamiento, así como la parte comercial de preventa. Si bien no existen registros oficiales de estas transacciones, ni los contenidos y naturaleza de dichos acuerdos, se estima que existen pagos pendientes cercanos a USD 3 100 millones por concepto de créditos y anticipos atados a la preventa de crudo.

La Asamblea Nacional tampoco hizo un esfuerzo para fiscalizar los pagos en efectivo recibidos por la preventa ni para monitorear la efectiva ejecución del gasto. Por el contrario, la mayoría de gobierno aumentó la discrecionalidad y la opacidad en la ejecución presupuestaria. Ahora resulta irónico que el candidato correísta pida transparencia en la contratación de la nueva deuda, cuando fue el gobierno anterior el que persiguió y censuró a quienes investigaron y publicaron los contratos clandestinos de preventa petrolera.

En medio de una enorme crisis económica y sanitaria, el gobierno ha logrado obtener un financiamiento sin precedentes para proteger a la población y sus medios de subsistencia. Mirando hacia atrás, hay la completa certeza de saber cómo se malgastó la bonanza petrolera y se abusó del endeudamiento público para avanzar un oportunismo político que desgastó al país. De frente a la siguiente elección, el reto es aprovechar lo ganado y apretar el paso para discutir reformas que redistribuyan la riqueza para reactivar la economía y proteger a los más vulnerables. Ni los candidatos de izquierda ni de derecha se pueden dar el lujo de desperdiciar este tanque de oxígeno que, por ahora, le ha dado un nuevo respiro a la economía del Ecuador.

*Profesor del King’s College de Londres e investigador asociado
de la UDLA de Quito.

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