En el centro de crianza de Isabela hay alrededor de 700 tortugas. Foto: Cortesía dirección Parque Nacional Galápagos
Los centros de cría y reproducción sostenible de especies de fauna en el país son una opción para la conservación de poblaciones amenazadas o para profundizar en su investigación. En el país aún no se cuenta con un listado oficial de estos lugares, a diferencia de zoológicos y centros de rescate. Los controles que se deben tener en estos y todos los lugares que albergan fauna han sido cuestionados tras el robo de 123 tortugas en uno de estos sitios.
El Código Orgánico Ambiental (COA), que entró en vigencia en abril de este año, establece una nueva denominación para estos sitios: Centros de Cría y Reproducción Sostenible. La figura de zoocriaderos ya existía, pero se dividían en los de producción comercial y en los de investigación médica y farmacéutica.
Debido a este cambio en la legislación, según el Ministerio del Ambiente (MAE), recién se está realizando el registro nacional de centros de cría y reproducción sostenible. Hasta el momento se han identificado 50 en todo el país, “con los que se iniciará un proceso de diagnóstico para la respectiva regularización con base en el nuevo marco legal establecido por el COA”, dice el MAE.
Los 50 que se han identificado están distribuidos en Azuay, Carchi, Pastaza, Esmeraldas, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Napo, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Sucumbíos y Tungurahua. Ante el pedido de la lista de estos sitios, el MAE respondió que aún no se puede brindar estos datos. Una vez que se cuente con los resultados de la evaluación, se los dará a conocer al público.
El proceso de crianza y reproducción de anfibios incluye protocolos de bioseguridad. Foto: Galo Paguay/EL COMERCIO
Dentro de los requisitos para el establecimiento de estos lugares, se solicita presentar un plan de manejo en el cual deben constar medidas de seguridad establecidas en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (Tulas) como: marcaje de los especímenes, preferiblemente con microchips de lectura universal; medidas sanitarias y un sistema de seguridad para evitar la fuga de los especímenes.
Danny Rueda, director subrogante del Parque Nacional Galápagos, explica que en los tres centros que se manejan en las islas se mantienen protocolos de seguridad porque “son sitios delicados” y por ser sitios donde se reproducen especies en cautiverio. Estos se encuentran en el parque desde 1965, cuando se creó el centro de Santa Cruz.
Después vino el de Isabela en 1993 y el más reciente es el de San Cristóbal, creado en el 2001. El objetivo principal es contribuir a la restauración ecológica de las poblaciones de tortuga en estado natural. Se mantienen cinco años bajo cuidado humano y después son reubicadas en su hábitat.
Todos los centros de crianza de tortugas terrestres tienen guardias privados de forma permanente. En horas laborables (mientras está abierto al público) están los guardaparques junto con voluntarios.
El centro ubicado en San Cristóbal tiene un sistema de vigilancia con cámaras en los corrales, al igual que el de Santa Cruz, donde este tipo de monitoreo está en todos los circuitos de visitas. En los corrales del centro de Isabela no hay cámaras, según Rueda.
En este último es donde desaparecieron 123 crías de dos especies de tortugas gigantes. Rueda explica que se dieron cuenta del hurto durante el conteo diario, cuando un guardaparque verificó que faltaban tortugas en un corral. En ese momento hicieron un conteo general y ese informe lo presentaron en Fiscalía.
Aún no se ha logrado determinar el paradero de las tortugas desaparecidas y el proceso se encuentra en etapa de instrucción fiscal. Por eso, dice Rueda, “hay que ser prudentes con la investigación”.
Esta es la segunda ocasión que se reporta un hurto en los centros de crianza en las islas. El primero ocurrió en San Cristóbal hace aproximadamente dos años. En ese momento se robaron 22 tortugas que fueron encontradas después en diferentes áreas del parque. Se cree que alguien las abandonó nuevamente allí y finalmente fueron reintroducidas al centro de crianza.
En Quito existen otros sitios enfocados en la investigación de anfibios como la Balsa de los Sapos, que está en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Andrés Merino-Viteri, director de este proyecto, explica que tienen alrededor de 2 500 animales pertenecientes a 70 especies de anfibios. En este lugar se desarrolla el manejo desde los huevos hasta la etapa adulta.
Los animales que han nacido aún no han sido liberados, ya que las amenazas en su hábitat natural persisten. Este centro no está abierto al público. Solo pueden ingresar personas asociadas al cuidado de las ranas o investigadores que necesiten tener este contacto. También se llevan a cabo protocolos de bioseguridad desde que se ingresa al centro. Hasta el momento no han sufrido robos o pérdidas de ejemplares.
René Bedón, decano de Derecho de la Universidad de los Hemisferios y docente de Derecho Ambiental, explica que la extracción, tenencia, tráfico o transporte de especímenes amenazados puede ser sancionado hasta con tres años de prisión. Si el hecho ocurrió en un área protegida, se debe aplicar el máximo de la pena. Aunque la ley no haga referencia al hurto en centros de crianza, esto puede incidir en la sanción.
