La ONU calcula que 1 000 millones de niños en el mundo han sido víctimas de abusos físicos y sexuales. La Agenda 2030 incluye poner fin a estos tipos de violencia.
La iglesia, la familia y la escuela han sido golpeadas por la crisis de la violencia sexual perpetrada contra niñas, niños y adolescentes. Los sobrevivientes rompieron el silencio para exigir justicia.
Santiago de Chile. 16:43. Alguien envuelto en algodón de azúcar pasea por un parque. Embelesados por lo que parecía una alucinación, grandes y chicos lo siguen en busca de un inocente pellizco. Ya empalagados, una cartilla con un contundente mensaje desbarata el dulce momento. “Así de fácil es para un pedófilo atraer a un niño. Estemos alerta”. En el 2013, esta campaña del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dio voz a un tema del que poco se hablaba.
La pedofilia y la pederastia han marcado rupturas en esta década. Sus sobrevivientes quebraron el silencio para exigir justicia. Sus autores agravaron la crisis en la Iglesia, la familia y la escuela, instituciones consideradas tradicionales.
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades (CIE 10) define a la pedofilia como un trastorno que causa una “preferencia sexual por niños, varones o mujeres, por lo general de edad prepuberal o púberes”. El acto sexual en el que esté implicado un infante es la pederastia, la peor forma de violencia contra niños y adolescentes, como sentencia Unicef. Son delitos sexuales -abuso, violación, pornografía infantil, contacto por Internet y otros-, sancionados con cárcel en gran parte del mundo.
La Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres han sufrido abuso sexual en la infancia -más de 120 millones-. En el 93% de los casos, el agresor es parte de la familia o alguien cercano: educadores, entrenadores, sacerdotes u otros religiosos.
Desde 1990, las denuncias por violencia sexual han hecho tambalear a la Iglesia Católica. Los primeros casos vieron la luz en Estados Unidos, Irlanda y Australia, donde grupos de sobrevivientes incluso han señalado a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI por encubrimientos u omisiones.
La prensa y el cine desenmascararon más historias. La publicación del Boston Globe sobre abusos en la iglesia de Massachusetts en los 2000 dio paso a ‘Spotligth’ (2015). El filme termina con la lista de lugares donde la Iglesia estuvo involucrada en estos delitos, como Chile, Argentina, México…
El caso más reciente tiene nombre y apellido: Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo. La congregación, una de las más antiguas, reconoció que 175 menores fueron abusados sexualmente por 33 de sus religiosos desde 1941; al menos 60 fueron víctimas de Maciel. “Es una lavada de cara”, dijo Saúl Barrales, uno de los sobrevivientes. “La institución debe desaparecer”.
Los reclamos de justicia han inundado el Vaticano de la mano de organizaciones como Fin al Abuso Clerical (ECA, por sus siglas en inglés), conformada el 2017. Varios de sus miembros acudieron en febrero a la cumbre convocada por Francisco para la protección de los menores en la Iglesia.
ECA exige a la Santa Sede cumplir las recomendaciones que la ONU emitió el 2014, sobre la obligación de denunciar todos los casos a las autoridades civiles, así como entregar los archivos canónicos a la justicia común y “no quemarlos”.
Tres meses después, el Papa divulgó ‘Vos estis lux mundi’ (Luz del mundo), una normativa contra el abuso. Y hace poco eliminó el ‘secreto papal’ para casos de violencia sexual, que permite compartir información. “Se les terminó el carnaval del secreto y la oscuridad”, dijo Juan Carlos Cruz, víctima del caso Karadima, de Chile.
Para Sara Oviedo, parte del directorio mundial de ECA, aún no queda claro cómo las Conferencias Episcopales aplicarán las disposiciones del Vaticano. Además, demanda medidas de restitución de derechos de las víctimas y el cese de la protección a los pederastas. “No basta pedir perdón”.
En Ecuador, ECA incluyó a la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual (Cocasen), que reúne a las víctimas de Fernando Intriago en Guayaquil, expulsado de la Iglesia por practicar la ‘dinámica del pecado’, una mezcla de torturas y abusos; y a los sobrevivientes de César Cordero, en Cuenca.
El grito de los denunciantes se fortaleció en el país a fines del 2017. Desde entonces, la Fiscalía ha registrado 5 599 casos.
Parece una cifra alta, pero estudios internacionales concluyen que solo el 10% denuncia.
“El 90 % de los abusos sexuales los comete alguien de confianza de la víctima, un factor que lleva al entorno a callar para no atentar contra el ‘prestigio de la institución’ -familia, iglesia, escuela-. Esto destruye a la víctima y genera impunidad”, dice Paola Andrade, sobreviviente y directora de la oenegé Ecuador dice no más.
En el ámbito educativo, el caso Aampetra en Quito y otros dos detectados en escuelas de Guayaquil revelaron dolorosas historias. Los agresores eran docentes, procesados por múltiples delitos. Estas y otras denuncias obligaron a las autoridades nacionales a revisar los protocolos de prevención, denuncia y reparación.
La violencia sexual contra menores se escuda tras relaciones de poder. El caso más reciente apunta a cascos azules de la ONU en Haití. En el deporte, el Club Chelsea ofreció disculpas y pagó decenas de indemnizaciones por abusos en la década del 70.
Y en el 2018 Lawrence Nassar, exencargado del equipo de gimnasia olímpica de EE.UU., fue condenado a entre 40 y 175 años de cárcel. “Acabo de firmar su sentencia de muerte”, le dijo la jueza Rosemarie Aquilina tras oír a 156 de sus víctimas.
La manipulación, la culpa, la fe son armas que los agresores han usado por años para acallar. “Pero se acabó el silencio -dice Andrade-, las y los sobrevivientes no estamos llorando en un rincón. Hoy trabajamos para decir: no más”.