24 de octubre de 2017 14:45

La Defensoría del Pueblo busca unificar protocolos de acción ante situaciones de violencia escolar

El coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo explicó que esta será una primera reunión para evaluar los protocolos de  acción ante situaciones de violencia escolar. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

El coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo explicó que esta será una primera reunión para evaluar los protocolos de acción ante situaciones de violencia escolar. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Los protocolos que aplican ministerios de Estado y juntas cantonales de protección de derechos frente a situaciones de violencia que afecten a niños, niñas y adolescentes son analizados por la Defensoría del Pueblo. El organismo busca detectar debilidades en los procedimientos de denuncia y plantea unificar las rutas de protección integral ante casos de este tipo.

Este martes 24 de octubre del 2017, en Guayaquil, la coordinación zonal 8 de la Defensoría convocó a fiscales, directores distritrales de Educación, funcionarios del Ministerio de Salud y delegados de las juntas cantonales de protección de derechos para analizar el tema.

Franklin Zambrano, coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo, explicó que esta será una primera reunión para evaluar los protocolos. Y anunció que analizan la posibilidad de hacer visitas a instituciones educativas para verificar, en la práctica, cómo se ejecutan estos procedimientos.

También informó que dirigen una investigación defensorial por el caso de presunto abuso sexual contra niños de una escuela pública del norte de la ciudad. Esto a más de hacer vigilancia de la indagación, a cargo de la Fiscalía.

“Podemos proponer mecanismos para reparar la vulneración de derechos, podemos solicitar la aplicación de sanciones a la autoridad competente, sean estas acciones administrativas, civiles o penales. O proponer nosotros también acciones constitucionales”, indicó Zambrano.

El caso que detonó el debate suma diez denuncias. Una de las madres de los pequeños de tercero de básica dio la primera alerta a las autoridades de la institución educativa el pasado 14 de septiembre.

El Ministerio de Educación detectó que hubo omisiones en la aplicación del protocolo de ayuda. Los informes que hablaban de un presunto delito sexual fueron notificados al distrito educativo a inicios de este año. Esta instancia los remitió nuevamente a la escuela, como informaron las autoridades.

Fueron los padres, y no los directivos del establecimiento, quienes plantearon la denuncia ante la Fiscalía. Su queja ingresó el 5 de octubre y un día después se dio el allanamiento de la escuela.

Para el secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Guayaquil, José María Portugal, existe una descoordinación entre las instituciones públicas llamadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.

“Hemos descubierto que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no se articula con Salud, con el MIES, la Dinapen y la Fiscalía para brindar al niño la protección del caso. Queremos que haya una verdadera articulación”, aseguró.

Portugal piensa que es necesario enfocar los protocolos en beneficios de los menores y que se apliquen de manera inmediata, para evitar la revictimización. “Que estos casos no vayan a un proceso administrativo interno, que no busca proteger a la niñez sino proteger a los propios docentes, mediante una especie de espíritu de cuerpo”, dijo.

La investigación por supuesto abuso sexual contra niños de entre 7 y 8 años de edad sigue en instrucción fiscal. Para esta mañana fueron citadas la madre y la hermana de un pequeño, que relató el susto que experimentó al ser acosado por uno de los docentes investigados. Pero no acudieron.

El fiscal César Peña confirmó que para este viernes 27 de octubre citó por segunda ocasión a la exdirectora distrital, quien habría recibido los informes de alerta. También convocó a la subsecretaria de Educación de la zona 8, Erika Laínez.

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