Las especies de tiburones y mantarrayas que se hallaron en circo embarcaciones de bandera peruana aparecen en los listados de especies vulnerables y en peligro. Foto: Cortesía
La Defensoría del Pueblo presentó el lunes 9 de septiembre del 2019 en la Corte Provincial de Justicia de Galápagos una acusación particular contra 31 pescadores extranjeros, procesados por el presunto delito contra la flora y fauna del archipiélago de Ecuador.
Los acusados cumplen prisión preventiva, dictaminada el 1 de septiembre por la jueza Alexandra Arroyo de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón San Cristóbal después de que la Fiscalía formulara cargos por la infracción penal, tipificada en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La normativa establece una pena privativa de libertad de uno a tres años para la persona que “cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias”.
Según el parte policial que consta en el expediente, los procesados se transportaban en las embarcaciones Paloma, Larissa, María Bonita, Ángela y Juan Carlos I, cuando fueron capturados por personal del Busque BAE Esmeraldas de la Armada del Ecuador el pasado 28 de agosto.
Los detenidos realizaban faenas de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva del Ecuador y fueron hallados con sus redes en el agua, a 188 millas náuticas de la isla Española.
Tras un peritaje en las bodegas de los barcos, se hallaron mantarrayas cubiertas de sangre y bodegas llenas con aletas de tiburones en las cinco embarcaciones.
Personal de la Dirección de Gestión Ambiental e Investigación del archipiélago detectó siete especies marinas que son parte del listado de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES). Tres son catalogadas en estado vulnerable, una casi amenazada y tres en peligro de extinción.
Durante el peritaje en las bodegas, se hallaron especies de tiburones vulnerables y en peligro de extinción. Foto: Cortesía
Entre los tiburones identificados hay especies vulnerables: alopias pelagicus, conocido como tiburón zorro; alopias superciliousus, llamado zorro de anteojo; carcharhinus falciformis o tiburón sedoso.
También se encontraron especies como prionace glauca -conocido como tiburón azul-que está casi amenazada; y sphyrna lewini o tiburón martillo que se halla en peligro de extinción, así como el isurus oxyrinchus o tiburón mako y mantarrayayas de la familia Mobulidae.
La acusación marca un precedente en la defensa de los derechos de la naturaleza, señala Milton Castillo, delegado provincial de Galápagos de la Defensoría del Pueblo.
“Será la primera vez que la Defensoría del Pueblo actúa como representante de la víctima (la naturaleza) desde que está vigente la Constitución del 2008. Tenemos atribuciones legales y constitucionales para defenderla pero nunca antes se lo había hecho como acusadores particulares“, afirma.
La demanda solicita la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños causados a la naturaleza, “el restablecimiento del derecho lesionado cuya cuantía es indeterminada, la indemnización correspondiente, la garantía de no repetición de la infracción, la satisfacción del derecho violado“, reza el documento de la acusación a la que accedió este Diario.
Los tripulantes acusados por la Fiscalía son: Juan R., Óscar Ch., Tomás R., Williams C., José S., Godofredo A., Catalino B., José E., Percy S., Wilton Z., Segundo V., Rómulo M., Sergio M., Alex M., Andrés H., Timoteo M., Andrés M., Christian F., Pedro N., Luis G., Iván R., Jorge A., Porfirio R., José V., Félix O., Agapito S., Jacinto R., Julio C., Javier M., Darwin C. y Hugo P.