Los representantes de los 122 Estados partes de la Convención de la Unesco contra el tráfico ilícito de bienes culturales, reunidos por segunda vez desde 1970, acordaron hoy por consenso reunirse cada dos años y crear un Comité subsidiario que lo hará una vez al año.
El embajador de México ante la Unesco, Carlos de Icaza, presidente de este segundo encuentro, celebró, en declaraciones a Efe, este “resultado histórico”, en el que estuvieron de acuerdo “absolutamente todos los países”.
A partir de hoy, las partes se van a reunir cada dos años “y no vamos a tener que esperar ni diez ni 30 años para volver a reunirnos“, subrayó en referencia a la primera reunión de las partes, celebrada en 2003.
Agregó que el Comité subsidiario tendrá entre otras responsabilidades las de hacer recomendaciones, estudios, dar asesoría y servir de guía sobre los alineamientos para poder implementar mejor los objetivos y propósitos de la Convención.
Asimismo, se coordinará con otras instancias de la Unesco que ya existen y preparará el trabajo de las reuniones bienales de las partes, lo que significa que tendrán “una continuidad de los trabajos sin interrupción”, destacó.
El Comité estará integrado por 18 Estados miembros, tres por cada región de la Unesco y se reunirá todos los años, precisó.
“Estamos realmente muy contentos porque hubo un debate muy rico, muy importante” sobre cómo fortalecer la aplicación de la Convención de 1970 y poder darle un mecanismo de seguimiento y la posibilidad de que los Estados miembros puedan tener “una manera de discutir medidas para su mejor implementación”, resumió.
Horas antes de que concluyese la reunión, el delegado permanente de Ecuador ante la Unesco, Lautaro Pozo, comentó a Efe la importancia de los logros que estaban a punto de alcanzarse, para países como el suyo, que sufren el expolio de sus bienes arqueológicos.
Los otros bienes culturales están inventariados o camino de serlo y es fácil reclamarlos cuando se venden ilegalmente, no así “los vestigios arqueológicos”, pues aunque esta Convención tiene 42 años “no está siendo eficaz, al no tener normas complementarias de ejecución que nos permitan reclamar”, manifestó.
“Las normas son muy laxas y la carga de la prueba está en el país de origen” de los bienes robados, por lo que los jueces se limitan a pedir al poseedor del bien cuestionado su título de propiedad.
Este puede ser un contrato cualquiera o una herencia, un testamento, pero, dijo, debería ser “un documento del Estado de donde salen las piezas”, que demuestre que se autorizó su salida del territorio, “cosa que no va a obtener nunca, al menos del Ecuador”.