La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual española aprobada recientemente la sitúa más cerca de las regulaciones de países como Alemania o Brasil, al establecer una tasa a los buscadores para que paguen por el uso de los contenidos de empresas editoras.
Pero al mismo tiempo se queda lejos de las restricciones establecidas por países, como Francia, que prevé denegar el acceso a Internet a los internautas que se descarguen archivos de forma ilegal.
Es precisamente la diversidad de enfoques de la legislación en la materia la mayor dificultad para controlar el respeto a los derechos de autor en Internet, un medio con muchos resquicios legales.
Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, México, Singapur, Marruecos, Japón y Corea del Sur trataron de lograr una norma unificada a través del Acuerdo Multilateral Comercial contra la Falsificación, conocido como ACTA, que se firmó en 2011.
Pero hasta ahora solo Japón lo ha ratificado y en 2012 el Parlamento Europeo lo rechazó, y solo hasta que seis de las partes lo ratifiquen entrará en vigor, algo que parece imposible de lograr. En Bruselas se ha optado por iniciar una consulta pública para revisar y modernizar las normas sobre derechos de autor.
El tema más polémico es la imposición de un canon por copia privada de un contenido protegido por derechos de autor y la gestión de ese impuesto en la Unión Europea (UE).
La futura normativa europea obligará a modificar las actuales legislaciones en los países de la UE. Una de las más restrictiva es la de Alemania, donde el año pasado se aprobó una ley para obligar a los buscadores a adquirir licencias de los editores de prensa germanos para difundir sus contenidos informativos y que solo permite citas breves sin necesidad de licencia.
La norma entró en vigor el 1 de agosto pasado con un impacto relativo, ya que, a pesar de que pequeños agregadores de noticias han tenido que cambiar sus prácticas para cumplir la norma, Google News se libró de pagar el canon fijado ya que la mayoría de los grupos editoriales del país le autorizaran a seguir usando sus contenidos gratuitamente.
En Latinoamérica también hay mucha preocupación en países como México o Brasil, ambos en la lista de observación de la IIPA por la falta de la legislación necesaria para luchar contra este problema. En el caso de Brasil, el principal problema es el crecimiento de sus conexiones y la falta de una legislación efectiva contra la piratería en Internet.