17 de noviembre de 2019 00:52

Una crisis que va más allá de la teoría del péndulo

El monumento en honor a Manuel Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico, fue vandalizado durante las movilizaciones en Chile. Foto: Orlando Barría / Efe

El monumento en honor a Manuel Baquedano, héroe de la Guerra del Pacífico, fue vandalizado durante las movilizaciones en Chile. Foto: Orlando Barría / Efe

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Santiago Estrella

La teoría del péndulo parece que se está cumpliendo en la región con un riesgo fundamental: que la distancia de un punto a otro se extreme hacia radicalizaciones irreconciliables. En principio, la alternancia es signo de salud democrática, evita la hegemonía de una sola orientación. Sin embargo, también deriva en un problema: el bipartidismo, que, más parecido a un reparto del poder de una élites, excluye a las otras tendencias. Y se puede reducir a algo aún peor: el predominio de una sola corriente, cuya poderosa maquinara no solo niega sino que anula al resto. Y sin duda está el otro lado de este problema: la proliferación de organizaciones, muchas de casi nula representatividad y aún menor capacidad estructural y arraigo para sostenerse en el tiempo.

Cuando Evo Morales llegó a la Presidencia, se concretaba la utopía de un gobierno indígena. El prócer argentino de la independencia, Manuel Belgrano (1770-1820), propuso una monarquía inca; y en el ‘Canto a Bolívar’, de J.J. Olmedo, Huayna Cápac da consejos al Libertador de cómo debe ser un gobierno justo. La alta carga simbólica de su Gobierno de Morales está siendo desmontada. La nueva presidenta, Jeanine Áñez, exhibe la Biblia como simulado escudo de una batalla inocua y luego rodea la Constitución con la cruz y dos cirios. Se trata más de una cruzada que de una defensa de la democracia, también maltrecha por la hegemonización del Movimiento al Socialismo, que se erigió autoconvencido de que es la única representación política del país.

Brasil es otro ejemplo de este alargamiento oscilatorio. Del gobierno de Inacio Lula da Silva, quien se había consagrado como referente mundial y colocó al país entre las altas economías emergentes, se ha pasado a uno de extrema derecha, xenófobo, misógino y aislacionista con Jair Bolsonaro.

Estados Unidos, expresión máxima del bipartidismo, transitó de un gobierno bastante progresista como el de Barack Obama a uno como el de Donald Trump. Sin embargo, la administración Obama tenía también un problema ético, propio del progresismo: la convicción de su superioridad moral, que denuesta al otro. Así se llegó a un Gobierno que no solo se define como su cara opuesta, sino que llegó a la Casa Blanca con la intención de desbaratar los pactos globales y terminar con el programa de salud Obamacare o el plan ‘Soñadores’, entre otros.

En el 2010, se juntaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva (i), de Bolivia, Evo Morales (c), de izquierda, y de Chile, Sebastián Piñera, de derecha. Foto: Juan Mabromata / Archivo AFP

En el 2010, se juntaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva (i), de Bolivia, Evo Morales (c), de izquierda, y de Chile, Sebastián Piñera, de derecha. Foto: Juan Mabromata / Archivo AFP


Ahora, los sectores moderados del partido Demócrata ven con cierto recelo el crecimiento de un grupo radical liderado por Alexandria Ocasio-Cortez, que mantiene una disputa con Nancy Pelosi, su copartidaria y presidenta de la Cámara de Representantes, quien, sin las bravuconadas por Twitter, ha sido más eficaz para doblegar a Trump.

Las movilizaciones en Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Venezuela y Nicaragua pueden ser vistas como la culminación de la crisis de los sistemas políticos y económicos que se reducen a la dicotomía liberalismo-socialismo. Siendo alarmistas, son los gritos desesperados que claman por un nuevo orden, aunque no se tenga muy claro cuál es ese orden, su viabilidad ni sus alcances.

Sin embargo, si se mira el panorama -y no se acuse a la CIA necesariamente- de todos estos países, solo en uno las movilizaciones han sido contra el sistema neoliberal que los rige: Chile. Muchos creen que en Ecuador también se luchó contra un gobierno neoliberal, porque el decreto que hizo estallar a la población era parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Pero nada indica que la economía ecuatoriana sea neoliberal así como tampoco el anterior Gobierno fuese la contradicción del capitalismo.

Las demás protestas han sido contra gobiernos que se proclaman de izquierda y soberanistas. En Venezuela, la dramática crisis económica que ha expulsado a cuatro millones de personas es algo que se conoce de sobra, pero además vulnera todo lo que le sea antagónico, incluso a nivel institucional. Desconoció una Asamblea Nacional legítima para crear una Constituyente, de la que se ignora algún párrafo de la nueva Carta Magna, que ayudaría al país salir de la crisis.

El caso venezolano toca de lleno a Haití. Además de la pobreza endémica, las protestas se han dado porque el presidente Jovenel Moïse recibió millones de dólares de Petrocaribe, la alianza petrolera que impulsó Hugo Chávez, sin que haya realizado una sola obra.

En Nicaragua, todo comenzó con una reforma al sistema de pensiones, pero se fue derivando hacia demandas mayores, entre las cuales está la renuncia de la pareja presidencial Daniel Ortega-Rosario Murillo, cuya permanencia en el poder se asemeja a la de Morales. El Presidente sandinista también logró que la Corte Suprema le permitiera ser candidato indefinidamente, por considerar inconstitucionales a los candados que se lo impedían.

Hay en estos países el precepto de que es un derecho humano ser presidente sin límites, como si fuera semejante al derecho a la salud, educación y seguridad, que garanticen una vida digna y no lo que realmente es: la anuencia para ejercer el poder indefinidamente sobre todos los ciudadanos.

La actualidad de las crisis boliviana y chilena nos coloca ante un dilema moral. Los dos son referentes de las dos visiones políticas conocidas. Los dos tienen destacados indicadores económicos, aunque mantienen sus resquicios institucionales que impiden una democracia auténtica.

En Chile, la Constitución heredada de Pinochet y laboratorio del neoliberalismo no obliga al Estado a garantizar la educación, la salud y la seguridad social como un derecho, sino que es un bien, un lucro explotable por la empresa privada.

En Bolivia se garantizaron derechos para sectores históricamente excluidos sin afectar irresponsablemente a la economía. Pero como denunció la líder indígena Silvia River Cusicanqui, es necesario evitar las dos falacias: que se ha recuperado la democracia y que hubo golpe de Estado. “Legitimar toda esta degradación (del gobierno de Morales) con la idea de golpe de estado es criminal”.

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