6 de octubre de 2019 00:00

Más control fitosanitario pone a prueba al comercio

La producción agrícola es la más sensible al cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, para ingresar a otros mercados. Esto porque los alimentos están sujetos a mayores controles de calidad. Foto: Archivo/ELCOMERCIO

La producción agrícola es la más sensible al cumplimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias, para ingresar a otros mercados. Esto porque los alimentos están sujetos a mayores controles de calidad. Foto: Archivo/ELCOMERCIO

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Xavier Basantes
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Macroeditor

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La aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias está orientada a evitar plagas. Sin embargo, también se usa para atender otros intereses.

El intercambio comercial internacional ha estado matizado por acusaciones y demandas, que han llevado a los países a aplicar medidas que impiden el normal ingreso de determinados artículos a sus mercados. Generalmente, los productos emblemáticos son los principales focos de inculpaciones y ahí hay decenas de casos, que incluso se ventilan en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por ejemplo, las autoridades mexicanas acusaron a Costa Rica por una prohibición fitosanitaria para que ingrese a ese país su producto insignia: el aguacate. Los ‘ticos’ argumentaron que el aguacate azteca, tipo Hass, podía provocar un contagio de la enfermedad conocida como mancha de sol. En junio del 2015, Costa Rica importó por última vez la fruta mexicana y ambos países, después de una serie de reuniones técnicas, alcanzaron un acuerdo cuatro años después.

El comercio internacional está matizado por acuerdos multilaterales, uniones aduaneras, acuerdos de libre comercio, acuerdos marco, acuerdos comerciales preferenciales, que en el caso del continente americano suman más de 130, según los registros del Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y esa cifra tiende a aumentar porque más países de la región están en proceso de concretar nuevos convenios. Ecuador es uno de ellos, ya que busca modernizar su acuerdo de complementación económica con Chile, así como lograr un TLC con México y de esta manera ingresar en la Alianza del Pacífico.

No obstante, mientras más acuerdos se concretan hay más posibilidades de restringir ese comercio a través de medidas no arancelarias. En el 2017, un documento del Programa de Superación de Obstáculos Técnicos al Comercio, aplicado en conjunto por el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea (UE), señalaba que los aranceles ya no son los principales escollos para acceder a nuevos mercados. “Los obstáculos no arancelarios se convertirán en el principal desafío del futuro sistema comercial multilateral”.

Específicamente se refiere a los obstáculos técnicos relacionados con el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias en los mercados de exportación y de otras disposiciones relacionadas con el etiquetado y el envasado de los productos. Obviamente el cumplimiento de normas sanitarias y fitosanitarias es fundamental a la hora de ingresar a un nuevo mercado; sobre todo por las consecuencias que un mal producto podría generar en la salud de las personas.

En EE.UU. se registran unos 48 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, lo que resulta en 128 000 hospitalizaciones y
3 000 muertes. El costo asciende aproximadamente a USD
77 700 millones anuales. América Latina y el Caribe proporcionan más de 90% de las frutas y casi 80% de las verduras que importa Estados Unidos.
Si bien hay ocasiones en las que un país aplica medidas fitosanitarias o sanitarias, ante un riesgo de enfermedades o plagas, hay otras ocasiones en las que los países se valen de la normativa para evitar el ingreso de otros productos con fines restrictivos y de competencia.

¿Los países en desarrollo ven en las medidas fitosanitarias un escudo para protegerse de la competencia mundial? En general las medidas no arancelarias, medidas fitosanitarias o sanitarias y los obstáculos técnicos al comercio (reglamentos técnicos) pueden implicar restricciones del comercio. Y los países pueden verse tentados por la presión de algunos sectores y la competitividad de la producción extranjera o la falta de competitividad local, a utilizar estas medidas para proteger a los productores nacionales de la competencia internacional, sostiene Iván Ortiz, director de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (Amcham). “Es muy probable que estas medidas se intensifiquen al disminuir las barreras arancelarias o al ser estas cada vez menos efectivas debido a la competitividad de los productos internacionales o a la pérdida constante de competitividad o productividad de la industria local”.

El Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) pretende restringir la aplicación injustificada de estas medidas, permitiendo la adopción únicamente para garantizar la inocuidad de los alimentos y la protección sanitaria de los animales y los vegetales, basadas en elementos científicos. “Y cuando no existe justificación científica o los países arbitrariamente basados en procedimientos internos demoran el otorgamiento de permisos sanitarios o fitosanitarios no permiten los flujos comerciales”, añade Ortiz. Y la afectación de estas restricciones aumenta en países en desarrollo, que tienen una mayor concentración de sus exportaciones en pocos productos agropecuarios o agroindustriales”.

El consultor internacional en estrategia y competitividad José Vicente Cedeño sostiene que esta incidencia de las medidas fitosanitarias tendrá más impacto en el corto plazo, en la medida en que el intercambio comercial mundial se intensifique. Añade que estas disposiciones, que se exigen para la importación y la exportación de bienes para consumo del ser humano, animal o vegetal, conllevan a un cambio en los modelos productivos, que obligarían a sus productores a realizar mejoras en el control sanitario, aséptico e higiene de su producción.

En este contexto, dice Cedeño, dentro del equilibrio económico habrá ganadores y perdedores; el gran ganador debería ser el consumidor final, ya que gozará de un producto de mejor provecho para su salud y bienestar; mientras que entre los perdedores estarán los partícipes del sector productivo que no se interesaron en cumplir con el reto de las exigencias de calidad fitosanitaria.

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