Víctor Vizuete. Editor
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La vivienda popular es una de las tareas difíciles que siempre tienen en su carpeta los administradores públicos de turno.
Por varias razones: porque el déficit es tan grande que es sumamente difícil llenar las expectativas de quienes no poseen una; porque los promotores de vivienda son reacios a levantar este tipo de proyectos por la escasa rentabilidad que les generan; por la lentitud en la entrega de los préstamos hipotecarios por parte del Biess, aunque hace poco se firmó un acuerdo entre los constructores y esta institución para hacerlos efectivos en 89 días…
El Municipio capitalino también tiene que involucrarse en ese cometido. Y los ciudadanos esperan un pronunciamiento en ese sentido.
Obviamente, esta vivienda ‘social’ no debe ceñirse a la fabricación de rimeros de cajas de fósforos sin ningún atractivo. Debe diseñarse como una vivienda digna, bien construida y a precios moderados.
Se debe recordar que este tipo de vivienda está direccionada para las familias que pueden pagar máximo USD 100 o 150 por una cuota mensual y su tope de endeudamiento llega a los USD 20 000.
Otra cosa: deben ser de un área mayor a los 36 m2 que eran referenciales; 54 m2, en dos plantas, con una proyección a 74 m2 es una solución factible.
Pero hay más: estos programas deben poseer todos los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado, telefonía), seguridad jurídica, fácil accesibilidad al transporte público y áreas recreativas y comunales.
También deben colindar con centros de educación y de gestión públicos.
Para ese ‘target’ deben planificarse y construirse las unidades habitacionales.
Una última cosa: el Bono de la Vivienda que entrega el Estado deben mantenerse y -si hay como- mejorarse.