10 de octubre de 2018 00:00

Comunidades exigen soluciones ante contaminación del Cayapas

Los habitantes de la comunidad de Pichiyacu-Chachi cuentan con un sistema para tratar el agua del río Cayapas. Foto: Marcel Bonilla/ EL COMERCIO.

Los habitantes de la comunidad de Pichiyacu-Chachi cuentan con un sistema para tratar el agua del río Cayapas. Foto: Marcel Bonilla/ EL COMERCIO.

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Marcel Bonilla
Redactor
(F-Contenido Intercultural)

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Una mujer indígena de 70 años permanece sentada en la escalera de madera mientras toma un baño, luego de haber lavado toda la mañana y parte de la tarde en el río Cayapas.

Mariana Añapa, de la comunidad de Pichiyacu-Chachi, repite la misma acción después de enjuagar las prendas de vestir de sus nietos y esposo. Junto a Añapa, otras dos mujeres restriegan la ropa sobre las gradas de hormigón del muelle.

Estas escenas se ven a lo largo del río Cayapas en las comunidades chachis y afros, que utilizan el agua de este afluente para lavar, cocinar y bañarse. Así lo confirma María Añapa, habitante de la comunidad de Pichiyacu. El río, dice, es la única fuente para ellos.

En esta comunidad, lavar en el río es una práctica que se realiza todos los días. Pero para sus pobladores, hay un riesgo por posible contaminación del afluente, causada por actividades de minería aurífera.

Añapa señala que cuando aumenta la explotación minera en la poblaciones de Juan Montalvo y Aquí me Quedo, cerca de Selva Alegre, los desechos llegan al estero Zapallito, que desemboca en el Cayapas. Las mujeres afirman que en los últimos meses han podido lavar porque han cesado esos trabajos.

Thomas Añapa, presidente de la parroquia Telembí, explica que unas 40 comunidades de sus parroquias se afectan con el agua contaminada.

En Playa Grande, los habitantes como Rosa Pichota ya no utilizan ni consumen el agua del río Cayapas. Ellos buscan este recurso en los esteros que aún no han sido afectados, para tener reservas para cocinar y beber.

Otras poblaciones se dicen afectadas por esta misma situación. Esto ocurre en Telembí, Santa María, Playa Grande, Chiguatillo, Pichiyacu Grande, Santa Rosa de los Éperas, Camarones, San José del Cayapas, La Herradura, Pichiyacu Negro y San Agustín.

El presidente de la comunidad de Atahualpa, Rafael Añapa, señala que en su parroquia unas 10 comunidades se vieron afectadas por este tipo de contaminación. Entre ellas están Santa María, Bellavista, El Encanto y Rampiral. En estas zonas incluso improvisan pozos para extraer agua subterránea.

Los habitantes también aprovechan la temporada lluviosa para abastecerse y prevenir problemas estomacales.

En agosto del 2017 se reunieron en San Lorenzo representantes de las comunidades indígenas y afros, en la denominada Audiencia del Chocó. Allí, varios habitantes contaron cómo se han visto afectados por la minería, explica Santiago de La Cruz, presidente de la Federación del Centro Chachi de Esmeraldas.

Añapa espera que tras conocer esos reclamos se inicie un plan de acción para evitar que el Cayapas termine como el Estero María, y los ríos Santiago, Bogotá y Tululbí. De estos últimos ya nadie usa su agua.

Dos estudios realizados en el 2008 y 2013, por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central y la Universidad Católica de Esmeraldas, determinaron que esas aguas no eran aptas para el consumo humano. Excedían los promedios válidos en más de 4 000 veces el límite permisible

.A las acciones para defenderel agua y los bosques de estas zonas se suma el obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano. Él cree que deben ratificarse las medidas para impedir que continúe la actividad minera.

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