Comité de los Derechos del Niño hizo recomendaciones a Ecuador sobre violencia sexual infantil

Imagen referencial. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió en recomendaciones al Ecuador con el fin de reducir los casos de violencia sexual en el país. Foto: Pixabay.

Imagen referencial. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió en recomendaciones al Ecuador con el fin de reducir los casos de violencia sexual en el país. Foto: Pixabay.

Imagen referencial. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitió en recomendaciones al Ecuador con el fin de reducir los casos de violencia sexual en el país. Foto: Pixabay.

El pasado 26 de octubre de 2017, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas dio a conocer las observaciones finales que el Comité de los Derechos del Niño hizo al país respecto a los derechos de los niños en Ecuador.

La convención destacó que “celebra los progresos realizados por el Estado” y que “acoge con agrado” la aprobación de La Ley Orgánica de Movilidad Humana- que prohíbe cualquier forma de reclusión de niños en proceso de migración, solicitud de asilo o refugio, el decreto número 4, de mayo del 2017, en el que se nombra al Ministerio de Salud Pública “como institución responsable de las políticas de salud sexual y reproductiva” y la Ley Reformatoria al Código Civil que en el 2015 fijó en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en el país.

Sin embargo, la convención dio a conocer que tiene “preocupaciones” respecto a la violencia sexual infantil en el Ecuador . Por ello, entre otras recomendaciones, pidió al Estado que “adopte indicadores específicos sobre la infancia en la recopilación de datos relativos a la trata, la explotación sexual y la pornografía”.

El informe destaca que el comité sigue “profundamente preocupado” por “la prevalencia de diversas formas de violencia, entre ellas la violencia física, sexual y psicológica, y los malos tratos contra niños de todas las edades en el hogar, la escuela, el transporte público y los espacios públicos infligidos por padres, docentes, parejas, cuidadores y/o compañeros de clase”.

Según el texto, la incidencia es “desproporcionada” en entre los 5 y los 11 años y entre niños de pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas.

Si bien Ecuador presentó en el 2011 el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales y el enfoque de tolerancia cero hacia la violencia sexual en las escuelas, el informe muestra una “profunda inquietud por la prevalencia de la violencia por razón de género, en especial la violencia sexual, el acoso y los malos tratos contra las niñas en todos los ámbitos”. También destaca que en el país existe un “elevado nivel de impunidad en los casos de violencia sexual”.

De acuerdo con estos antecedentes, el Comité resalta que una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se refiere a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. Esto incluye la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

Ante ello, se hizo un llamado al Estado a adoptar “una estrategia nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas en el hogar, incluidas las zonas urbanas y las rurales, y en el sistema educativo”. Solicitó además que el país se asegure “de que las niñas tengan acceso a mecanismos eficaces de denuncia de la violencia sexual y a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos”.

Otra de las recomendaciones es que se aceleren las actuaciones judiciales contra los presuntos autores de actos de violencia sexual contra las niñas y las investigaciones de oficio relativas “a la violencia sexual en el entorno escolar”.  

Entre los años 2015, 2016 y 2017 se han denunciado 714 delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. Esto de acuerdo con cifras presentadas ante la comisión Aampetra por el fiscal Carlos Baca Mancheno. De estas, 296 son del 2015, 220 del 2016 y 198 hasta septiembre de 2017.

Las características de los delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo muestran que en el país el 90% de las víctimas son de sexo femenino. El 57% de los casos ocurrieron dentro de los establecimientos educativos y el 61% fueron cometidos por autoridades o docentes.

Las cifras presentadas también dan cuenta que los adolescentes son el grupo etario más afectado (56%) seguidos de los niños (37%). Los mayores de edad representan un 7% de los casos.

Unicef recomienda adoptar normas “claras” con el fin de ofrecer vías de recurso y reparación “a las niñas víctimas de violencia sexual y malos tratos, como reparación y asesoramiento psicosocial, resarcimiento, indemnizaciones y garantías de no repetición”.

Otra de las preocupaciones del comité es la elevada tasa de embarazos en la adolescencia; “normalmente como consecuencia de la violencia sexual”, los “obstáculos” al acceso a los “servicios de aborto y la práctica de abortos peligrosos”. A esto se suma “el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos y de planificación familiar modernos”.

En ese sentido se insiste nuevamente en que el país “estudie la posibilidad de despenalizar el aborto, prestando especial atención a la edad de la niña embarazada y los casos de incesto o violencia sexual”.

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