El miércoles fue decisivo para los médicos del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito. Ese día anunciaron que al menos 90 de ellos habían renunciado por el Código Integral Penal que tipifica la denominada mala práctica profesional.
El traumatólogo Juan Barriga, delegado de los doctores de esa casa de salud, fue el primero en anunciar su salida, en la mañana. Dejó la jefatura de Servicios de Ortopedia y Traumatología y la representación de los hospitales públicos en la Comisión de Negociación, en la que se había llegado a un acuerdo sobre los articulados.
Una vez conocida su decisión, los especialistas que se encontraban reunidos en ese hospital y que habían firmado renuncias condicionales, definieron también dejar sus trabajos porque consideran que no existen garantías.
Las reacciones siguieron a escala nacional. A día seguido también anunciaron sus renuncias los doctores del hospital del IESS, en Ambato.
Ochenta especialistas firmaron su salida voluntaria irrevocable. Los galenos se reunieron en el auditorio del hospital desde las 07:00. Tras una hora y media de deliberaciones decidieron oficializar la dimisión a sus cargos.
Pero eso no fue todo. El viernes, en el Hospital Eugenio Espejo, uno de los más grandes del sistema público del país, los doctores colgaron sus mandiles en los exteriores del edificio. Esa fue una forma de protesta.
La ministra de Salud, Carina Vance, fue una de las primeras en pronunciarse desde el sector oficial y aseguraba que el grupo había renunciado por desconocimiento a las normas que fueron analizadas en la Presidencia de la República y que en el momento se encuentra en la Legislatura. El presidente Rafael Correa dijo que no retrocederá ante presiones.