Foto referencial. La biopiratería es la apropiación indebida por parte de empresas o investigadores extranjeros sobre los recursos genéticos de un país en desarrollo. Foto: Flickr / Santiago Ron
La Secretería de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) entregó este jueves 23 de junio de 2016 un primer informe sobre biopiratería y promovió el Código Ingenios como mecanismo para evitar la apropiación indebida de los recursos genéticos endémicos del Ecuador.
La biopiratería es definida como la utilización ilegal y patentación por parte de investigadores y empresas extranjeras sobre los recursos y conocimientos ancestrales o académicos de un país en vías de desarrollo para beneficio lucrativo.
Para la redacción del informe, explicó René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, se hizo una contabilización de especies endémicas dentro del país. Al momento, los resultados muestan un total de 6 452 recursos genéticos, aunque esta cifra irá aumentando conforme vaya avanzando el informe.
Posterior a la recolección de data sobre especies endémicas, se pasó a identificar las patentes científicas que han sido registradas en el exterior a nombre de empresas extranjeras, pero con recursos pertenecientes al Ecuador.
Según Ramírez, son varios los países que llevan a cabo esta práctica. La secretaría elaboró una lista de los “países más biopiratas“, en palabras de Ramírez y los que encabezan la lista son Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Australia, Corea del Sur, Israel, Bélgica, Francia y Reino Unido.
“La biodiversidad es considerada patrimonio de los ecuatorianos y no puede ser patentada”, aseguró Ramírez y agregó que en caso de existir un aprovechamiento de esta biodiversidad, ” los ecuatorianos deben beneficiarse”.
Hernán Núñez, Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), sentenció que “la biodiversidad debe ser protegida”. Aseguró además que desde esta entidad pública se prepararán “todas las acciones necesarias” para presentar solicitudes de nulidad de las patentes revisadas en el informe, puesto que “no se obtuvo la autorización del Estado ecuatoriano para acceder a esos recursos genéticos”.
