4 de agosto de 2019 00:00

El Chocó Andino, ante el reto del desarrollo sostenible

En esta área habitan alrededor de 100 especies de mamíferos, que son monitoreados a través de cámaras trampa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En esta área habitan alrededor de 100 especies de mamíferos, que son monitoreados a través de cámaras trampa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Isabel Alarcón
Redactora (I)
ialarcon@elcomercio.com

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Las concesiones mineras, la contaminación de los ríos, la deforestación y la cacería ilegal son temas que aún preocupan a los habitantes del Chocó Andino. Al cumplirse un año de la designación de este territorio como Reserva de Biósfera de la Unesco, continúa el proceso para definir los mecanismos para la conservación y gestión de esta zona.

Después de más de dos décadas de trabajo enfocado en el desarrollo sostenible, la Mancomunidad del Chocó Andino logró que la zona pueda ser tomada en cuenta para la postulación ante la Unesco. La noticia que estaban esperando para asegurar la sostenibilidad y protección de sus territorios llegó en julio del año pasado.

En ese momento, se anunció que el territorio de 286 805 hectáreas en el noroccidente de Pichincha se convertía oficialmente en la séptima Reserva de Biósfera del país y en una de las 701 reservas del mundo.

Inty Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, explica que durante este año se ha logrado poner el foco en esta zona para que las personas conozcan más sobre la importancia de este lugar.

En esta biósfera se encuentra el 78,4% del total de especies vegetales del país, existen 12 tipos de bosques y es el hogar de alrededor de 100 especies de mamíferos como el oso andino, tigrillos y olingos. Todo esto lo convierte en un ‘hotspot’ de biodiversidad en el mundo y en uno de los puntos turísticos más importantes para la observación de aves.

Además, toda esta flora y fauna convive con las personas que habitan en el lugar, quienes se están enfocando en actividades para el desarrollo sostenible del lugar. Este es uno de los principales retos actualmente, cuenta Alvarado. La comunidad se está enfocando en direccionar el turismo hacia actividades que no pongan en peligro la conservación.

En esta área habitan alrededor de 100 especies de mamíferos, que son monitoreados a través de cámaras trampa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

En esta área habitan alrededor de 100 especies de mamíferos, que son monitoreados a través de cámaras trampa. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Para esto, dice, ya desarrollaron un nuevo plan de ordenamiento territorial de uso y ocupación del suelo. La idea es evitar el crecimiento desordenado de los barrios. Ahora están a la espera de su aprobación.

Pero la actividad minera es un tema que aún preocupa a los habitantes de esta zona. Según el Ministerio del Ambiente, en Pacto se ha otorgado una licencia ambiental para la Exploración Avanzada de Minerales Metálicos (AU) del proyecto minero Ingapi, también para la fase Exploración Avanzada de Minerales Metálicos en el Área Minera Rumiñahui y una licencia para Auditoría Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para la Fase de Explotación de Minerales Metálicos del Área minera 5 de Junio X. En Gualea también se otorgó la licencia ambiental del Área Minera Urcutambo.

Arcos explica que la comunidad teme que estas actividades afecten a las fuentes de agua, a las tres áreas núcleo de la reserva y a los centros urbanos.

El pedido de la mancomunidad es que se cancelen las concesiones, para evitar que en un futuro la actividad extractiva se haga efectiva en la zona. Juan Manuel Carrión, presidente de la comisión de Ambiente del Concejo Metropolitano de Quito, dice que se busca hacer un pedido a las autoridades nacionales para que las concesiones mineras sean revertidas, ya que es incompatible con el desarrollo y protección de la reserva. Ambos coinciden en que la tala ilegal es otra de las amenazas que se mantiene en la zona.

Manuel Peralvo, coordinador de Investigación del Programa Bosques Andinos en Condesan, explica que a esto se suma la deforestación continua asociada a la expansión del uso de suelo agrícola, la cacería y la pesca ilegal.

Según el MAE, durante este año uno de los enfoques ha sido la atención de infracciones ambientales relacionadas al tráfico de madera y de vida silvestre.

Para Peralvo, uno de los principales retos es tener un plan de manejo y lograr el funcionamiento de un comité de gestión, que permita la coordinación entre todos los actores involucrados. El próximo año, la Unesco evaluará el estado de la Reserva. La declaratoria puede revertirse si no se cumple con los parámetros de desarrollo y sostenibilidad.

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