19 de octubre de 2017 15:25

Ministros de Educación y Justicia y delegados de la Secretaría Política, Asamblea y Judicatura piden denunciar casos de abuso sexual en planteles educativos

Rosana Alvarado, Fander Falconí, Silvia Salgado y Francisco Bonilla, participaron este 19 de octubre del 2017 en un conversatorio. Foto: EL COMERCIO

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Mariela Rosero

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El llamado fue a padres de familia y estudiantes, víctimas de violencia en el sistema educativo, para que no se callen. “Sabemos que hemos abierto una puerta que va a provocar un sacudón. 
Había un sin número de denuncias que quizá estaban ocultas, ahora hay los mecanismos para que realicen las denuncias, invito a presentarlas, a creer en las instituciones, que haya debido proceso para dejar un precedente social y aspectos preventivos y correctivos”.

Lo dijo el ministro de Educación, Fander Falconí, quien participó de un conversatorio hoy, jueves 19 de octubre del 2017, junto a la titular de la Cartera de Justicia, Rosana Alvarado; una delegada de la Secretaría de la Política; Silvia Salgado, presidenta de la Comisión Ampetra, que en el Legislativo trabaja en temas de abuso contra niños y jóvenes; y un representante del Consejo de la Judicatura.

Esto en medio de denuncias presentadas contra profesores que supuestamente han abusado sexualmente e incluso violado a niños y jóvenes en planteles. Entre los casos ocurridos se cuentan los de un colegio público de Guayaquil y otro de Quito. Ya hay algunos apresados.

La intención de las autoridades fue mostrar un trabajo articulado, de coordinación institucional, para responder a hechos que han provocado alarma social. Ratificaron que habrá cero tolerancia ante abusos sexuales, dejaron claro que es un delito y que debe ser denunciado; no permitirán que haya impunidad.

Incluso la legisladora Salgado anunció que el Ministro de Educación, el miércoles, les dejó un proyecto de Ley para garantizar que no haya caducidad de sumarios administrativos para personal docente y otros en instituciones educativas, en casos como estos y de todo tipo de violencia contra los estudiantes. Ella también admitió que existe un subregistro de casos.

Falconí se comprometió a emprender evaluaciones psicológicas para todos los profesores del sistema público y privado, en unos 30 ó 45 días. También a investigar y evaluar a las autoridades de los planteles. Esto se ha aplicado solo para quienes participan del concurso para ingresar al magisterio.

Francisco Bonilla, del Consejo de la Judicatura, indicó que de octubre del 2015 a junio del 2016, hay 52 sentencias por casos de abuso sexual en instituciones educativas, en 20 de ellas se ratifica la inocencia y 32 casos son sentencias condenatorias, de casos judicializados.

“No es el universo de casos. No todos se denuncian y no sobre todos se formulan casos, no todos deben concluir con sentencias de culpabilidad. Es necesario optimizar el procesamiento de datos y de ingreso de información al sistema de justicia, para que desde el Ministerio de Educación y antes de eso se pueda procesar la denuncia, para tener una idea más cercana de este fenómeno. El número es pequeño en relación al de casos que ahora se empiezan a reportar”.

Por su lado, Falconí apuntó que están detectados 882 casos de denuncias de abuso sexual en establecimientos educativos, el Ministerio de Justicia habla de detenciones, 246 casos, específicamente.

Susana Cajas, de la Secretaría de la Política, dijo que como sociedad hay que avergonzarse de esos hechos que han ocurrido en los planteles. Que han decidido actuar de manera conjunta entre todas las funciones del Estado. El objetivo es que los procesos de judicialización, atención a las víctimas y de reparación sean efectivos, que sea un sistema ágil, no un espacio de revictimización. Todo el compromiso del Estado para que estos espacios funcionen, que la articulación con la Asamblea nos lleven a decisiones de que los derechos de todos sean garantizados. Recordó que la decisión del presidente Lenín Moreno fue entregar una Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

Rosana Alvarado comentó que están frente a un escenario estremecedor, que no quiere decir que casos así no hayan ocurrido antes. "Muchas veces los niños tuvieron que guardar silencio, hay una sensación sobre estos casos de que es mejor evitar la denuncia, por temor a la impunidad, el mejor estímulo para cometer el delito. Una forma de disuadir es la capacidad de respuesta de la justicia para establecer las sanciones y que la sociedad repudie. Además hay una sensación dolorosa, los espíritus de cuerpo alrededor del agresor. Es necesario que niños y niñas conozcan sin tabúes y mitos sus derechos y entre ellos están los derechos sexuales y reproductivos, que muy pocas veces han sido abordados sin prejuicios”.

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