La Reserva Ecológica Antisana está formada de páramos y bosques andinos. Archivo / EL COMERCIO
La disminución en el presupuesto para el apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es uno de los retos ambientales para este 2020. Durante este año se restarán USD 76 007 del monto asignado en el 2019. Según el Plan Anual de Inversiones del Ministerio del Ambiente, en estos 12 meses se destinarán USD 4 426 761 para estos fines.
Aunque la baja más significativa ocurrió el año pasado, cuando el presupuesto bajó en un 30% comparado con el 2018, la continua disminución de los recursos económicos dirigidos hacia este sistema plantea nuevos objetivos y la búsqueda de apoyo internacional.
Hasta el momento existen 59 áreas protegidas que pertenecen al SNAP y ocupan alrededor del 19% del territorio nacional. Diego Cisneros-Heredia, profesor investigador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), explica que este instrumento es la principal estrategia de conservación que tiene Ecuador, por lo que es preocupante que exista una disminución de recursos.
“Sin áreas protegidas, el país no tendría zonas verdes en buen estado”, dice el investigador. La reducción del presupuesto podría llevar a que la entidad responsable de protegerlas tenga menos capacidad de acción y respuesta para manejarlas adecuadamente.
Para Cisneros-Heredia, los esfuerzos actualmente deberían enfocarse en el mantenimiento de las zonas protegidas ya existentes y en fortalecer el plan para la declaración de nuevas áreas. En el primer caso es necesario revisar el presupuesto asignado para cada una, y cuáles son las acciones más urgentes. Lo que no está dentro de un área protegida en pocos años será destruido, dice el especialista de la USFQ.
Además, la mayor cantidad de zonas que integran el SNAP se ubica en la parte norte del país. Para el investigador, existen ecosistemas valiosos que se ubican en el sur de Ecuador y que necesitan más protección. En las últimas dos décadas se ha empezado a potenciar la investigación y la conservación en esta zona.
Bellavista es el área protegida más nueva del país y la primera clasificada como privada. Creada en el 2019, esta zona -que abarca 347,69 hectáreas- está compuesta por bosques nativos del Chocó Andino. Esta designación se alinea a las estrategias globales para lograr que las áreas protegidas no sean zonas aisladas, sino que convivan con las personas.
Cisneros-Heredia explica que es importante que surjan estas nuevas figuras que involucran a las comunidades y a los gobiernos locales en el cuidado de las áreas. De esta forma, se puede lograr que las personas que viven dentro de estas o que se encuentran en las zonas de amortiguamiento se sientan más motivadas a preservar este patrimonio.
Otro de los retos para este año es dotar de equipamiento tecnológico y dar las herramientas necesarias a los guardaparques, para la protección de estas áreas. Estas zonas han estado amenazadas históricamente por la tala ilegal, la caza y la deforestación. Cisneros-Heredia dice que las áreas protegidas en Ecuador abarcan territorios extensos, que muchas veces no pueden ser monitoreados por la reducida cantidad de personal.
Raúl Ledesma, ministro del Ambiente, explica que este año Alemania entregó USD 18 millones a Ecuador como reconocimiento por haber detenido la deforestación. Este dinero va a ser utilizado en fortalecer la gestión de las áreas protegidas con herramientas tecnológicas y equipamiento para guardaparques.
Con esto se busca “un control forestal moderno, que no pasa solo por los guardaparques, ya que para ellos es físicamente imposible”, dice. Este plan pretende involucrar a las comunidades, las cuales recibirán capacitaciones y drones para detectar cuando existan actividades como la tala ilegal.