31 de octubre de 2017 00:00

Las alertas de abuso escolar no fueron atendidas a tiempo

Padres de víctimas, en una presentación de Ecuador dice no más abuso sexual infantil. Foto: Mario  Faustos / EL COMERCIO

Padres de víctimas, en una presentación de Ecuador dice no más abuso sexual infantil. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil
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Cuando Ángela oyó el relato de su hermano de 8 años recordó sus días de colegio. Hasta antes de graduarse, en marzo, asistían a la misma unidad educativa de la vía a Daule de Guayaquil, donde se reportaron 10 denuncias contra maestros que habrían abusado sexualmente de niños.

El hermano de Ángela comparte el aula con los niños afectados. “A él quisieron acorralarlo en el baño. Ese día llegó a la casa con los pantalones mojados; se orinó por el miedo”.

Luego de mostrarle varias fotos, el niño identificó a Xavier M. B., el maestro prófugo. “Nunca habría sospechado de él. Fue mi profesor de Informática y mi inspector. Pero del otro se decían muchas cosas”.

La joven se refiere a Bryan M. Z., arrestado en la escuela el 6 de octubre, durante el primer allanamiento. “Era el maestro de Matemáticas. Recuerdo que odiaba a las chicas y tenía mucho interés por los chicos”.

Dos documentos confirman lo que Ángela había oído en los pasillos del colegio. El Departamento de Consejería Estudiantil del plantel abrió expediente contra el docente por presunto acoso sexual.

En uno de ellos, del 6 de junio, una madre relata que su hijo y otros compañeros de bachillerato se sentían intimidados por el docente, porque les “ofrecía y regalaba obsequios” y “los invitaba al hotel, a la playa, a la disco”. El papel está marcado con sello de ‘urgente’.

Para detectar otros casos, en las últimas semanas el Ministerio de Educación ordenó auditorías y pruebas sicométricas para todos los maestros. También se analiza cambiar parte de la Ley de Educación Intercultural, para que los sumarios administrativos o expedientes que se abren por denuncias contra los docentes no caduquen en 90 días.

Los informes contra Bryan M.Z. habrían caducado porque eran de mayo y junio. La directora distrital que los recibió dijo en su versión ante la Fiscalía que ordenó su separación, pero solo verbalmente. El profesor siguió laborando hasta el día cuando fue detenido.

Josué estudió en ese colegio de la vía Daule y no le resultan extrañas las quejas contra Bryan M.Z. Recuerda que hacía ofertas a los estudiantes a cambio de puntos y dice que no sería el único caso. “En ese colegio no solo los profesores detenidos estaban mal de la cabeza. Pero nadie hacía nada porque entre maestros se tapaban”.

Después de oír a los padres de los niños recientemente afectados, y cómo insistieron en su denuncia, la asambleísta Silvia Salgado, quien preside la comisión ocasional Aampetra, considera que existe una especie de espíritu de cuerpo. “Se piensa que hay que proteger primero al compañero, a la institución, al cargo; hay que proteger primero a los niños”.

Xavier M. B., quien está prófugo, fue a trabajar el día del allanamiento. Su abogado, Luis Carrillo, asegura que en la puerta le notificaron que era investigado por presunto abuso y que no lo dejaron pasar. “Él no huyó, simplemente, no lo dejaron entrar. Y se fue”.

El viernes el ministro de Educación, Fander Falconí, modificó el Acuerdo Ministerial 52-A para que los implicados en delitos de violencia sexual en planteles sean suspendidos inmediatamente. Además, reformó el Acuerdo 089-A para eliminar todos los artículos del Código de Ética que determinaban la reserva de información en estos casos.

Las quejas contra Bryan M.Z. se repitieron en un colegio de La Prosperina donde laboró anteriormente. Susana se graduó allí y al oír el caso actual viene su memoria lo que vivió.

“A los chicos los invitaba a su casa a ver películas, a jugar Play; a las chicas nos odiaba. Cuando conté todo aparecieron más casos, como ahora”. La solución, en ese tiempo, fue separarlo del colegio. El docente luego consiguió empleo en otros planteles.

Piden atención integral

Carlos (nombre protegido) espera que concluya la pesadilla que su familia ha vivido durante tres años. El padre del pequeño que habría contraído VIH, tras una presunta violación en la escuela donde estudiaba, acudirá hoy, 31 de octubre del 2017, a la audiencia de juzgamiento por el caso que denunció en el 2014.

“Quiero justicia, que ese tipo vaya preso”, dijo ayer. Sus abogados piden 22 años de cárcel para el supuesto agresor y una indemnización al Estado de al menos USD 1 millón.

Las historias del largo y tedioso proceso judicial en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, se repiten entre los padres que reciben apoyo de la organización Ecuador dice no más.

Su directora, Paola Andrade, busca impulsar en el país una metodología estadounidense que reduce el doloroso vía crucis. “En los 50, en Estados Unidos, un niño debía hablar con 15 personas sobre el abuso; eso es hoy Ecuador”. Ahora solo hablan con tres personas.

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