32 familias luchan contra la mala práctica médica

Su retrato está en la sala. Junto a la foto sonriente de su hijo, Liduvina Peñafiel luce serena. "Él nos dejó de recuerdo su risa y el ejemplo de lucha". Liduvina es madre de Carlos Mora Peñafiel, el joven que falleció a los 24 años sin ver justicia.

Fue una de las 21 vidas marcadas por el VIH que contrajeron por "negligencia" en la Clínica Galo Garcés, donde no cambiaron los filtros que usaban en los equipos de hemodiálisis.

Carlitos acudía a tratamientos por su insuficiencia renal y adquirió el virus cuando apenas tenía 9 años. A más de la lucha por su salud, su familia batalló durante 16 años ante tribunales y cortes sin resultados. "El caso quedó en la impunidad", dice resignada Liduvina.

El debate actual por la aprobación de la mala práctica profesional en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) le augura esperanza. "Para mí es un logro… Si ese artículo (el 146) hubiera existido cuando ocurrió lo de Carlitos, los involucrados hubiesen sido juzgados".

Los médicos se defienden y aseguran que solo tratan de atender los pacientes. En la marcha del lunes, los galenos decían que su trabajo es "servir a los demás". "Me duele mucho que ahora nos traten así. ­Nosotros lo que hacemos es cuidar de los niños y de otras personas que debemos curar", aseguró Patricia Carrera, enfermera de Pediatría.

Las cifras no ayudan a delinear casos como el suyo. Como balance, entre el 2011 y el 2012 la Fiscalía registró 54 casos en el país; en ese mismo período, 30 fueron desestimados.

En el juicio contra la Clínica Garcés, los familiares de los afectados plantearon una demanda por delito contra la salud pública. "Además, fue un genocidio. Una mala práctica, una negligencia médica es con uno o dos pacientes, no con 21, como pasó", explica Liduvina.

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Tras la muerte de Carlitos, en julio del 2011, solicitaron a la Presidencia y a la Fiscalía la reapertura del caso; pero no recibieron respuesta. Ahora, con la aprobación del COIP, Liduvina ve una nueva luz de justicia. "Si bajo este nuevo Código se revisara el caso, yo estaré agradecida con Dios y con quienes lo aprobaron".

Una historia similar une a 32 familias que buscaron ayuda legal en la Fundación Carlitos Rodríguez. La abogada Patricia Cárdenas la creó en Guayaquil para dar apoyo en casos de lesiones y muertes por mala práctica médica. La bautizó con el nombre de su hijo, a quien perdió hace 11 años por un error médico.

"El 80% son casos que ocurren en hospitales públicos y clínicas que no cumplen con las medidas sanitarias básicas. Solo tres de los 32 casos pasaron a ­tribunales penales; pero dos ya fueron archivados y uno sigue en pie".

Este último es el de la familia Ríos Sánchez. Hace cinco años su hija Mireya quedó inicialmente en estado vegetativo tras una cesárea en una clínica privada del centro de Guayaquil. El lugar no cumplía con la infraestructura y asepsia básicas, como revelaron los informes de la Dirección de Salud. La joven dice que no recibió control médico adecuado antes de la cirugía, como indican los reportes de la Fiscalía.

El pasado lunes, después de un tedioso proceso legal y seis audiencias fallidas, se realizó la audiencia de juzgamiento contra cinco médicos imputados. Mireya, de 27 años, llegó al juzgado en una silla de ruedas, con una infantil bata de colores.

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Su padre, Arnulfo Ríos, la representó ante los jueces del Tercer Tribunal Penal. "Solo queremos justicia. Nadie levantará a mi hija de la silla, pero quiero que los médicos se responsabilicen de esto".

La audiencia no concluyó el lunes. Se aplazó para ayer, pero uno de los imputados se excusó por un problema de salud; y aún no saben cuándo se retomará. El caso se juzgará con el Código Penal vigente. "La sanción es mínima, de pocos meses hasta uno o dos años de prisión por lesiones", indica Cárdenas. Para la abogada, el Código Integral Penal es un avance en materia de salud. Ella participó en los debates en la Asamblea para incluir la mala práctica profesional.

En contexto 

Los médicos confirmaron que la próxima semana se realizarán nuevas protestas en contra del Código Integral Penal. Y aseguraron que durante un día los galenos del sector privado se manifestarán para que no pase esta norma, que tipifica la mala práctica profesional.