En los exteriores de diario Hoy el movimiento es normal, hoy miércoles 27 de agosto. Los empleados ingresan a las oficinas, pero prefieren no dar declaraciones.
Disolver, liquidar y cancelar una compañía es un proceso que toma su tiempo. Y los socios o fundadores de una empresa deben estar conscientes de las obligaciones que requiere su emprendimiento, según señalan analistas.
Diario Hoy se paraliza desde hoy, 26 de agosto, por orden de la liquidadora de la Superintendencia de Compañías que disolvió de oficio a Edimpres fue el mensaje que el editor general de Diario HOY anunció en su cuenta de Twitter @jtibanlombo.
La Superintendencia de Compañías y Valores anunció este jueves 21 de agosto que disolverá a cerca de 700 compañías.
La disolución y liquidación de una compañía es un proceso complicado. Puede tomar meses o años, según el interés de sus socios. Según cifras de la Superintendencia de Compañías, en el 2013 se disolvieron 7 467 empresas y se liquidaron 72. Este año, desde enero hasta el 19 de junio se disolvieron 7 467 y se liquidaron 195 compañías.
En Ecuador existen 5 400 empresas con causal de disolución por pérdidas en su ejercicio económico. Así lo dio a conocer esta mañana la Superintendenta de Compañías Suad Manssur, en una entrevista concedida a GamaTV.
Hoy jueves 24 de abril desde las 17:00, a través de 760AM de Radio Quito y 90.9FM de Radio Platinum en la programación ‘Regresando con Andrés Carrión’, estarán los arquitectos: Santiago Vidal, gerente general de Vico Arquitectos, y Marcela Escandón, gerenta comercial de Proinmobiliaria; quienes expondrán la visión de los nuevos proyectos inmobiliarios desarrollados.
Los trámites de constitución de compañías podrán hacerse en línea, una vez que se promulgue la Ley de Fortalecimiento del Sector Bursátil.
Las restricciones a las importaciones de material de construcción, así como los nuevos requerimientos de la Superintendencia de Compañías a las inmobiliartias no han detenido el desarrollo del sector.
La resolución emitida por la Superintendencia de Compañías para controlar y regularizar la edificación de proyectos habitacionales en el país, por un lado dará mayor seguridad a las inversiones de los clientes, pero, por el otro lado, alargará los procesos de entrega de las respectivas viviendas.
Aún está intacto el drama que empezaron a vivir, desde mediados del año pasado, los miles de perjudicados de la inmobiliaria Unión Constructora.
El superintendente de Bancos, Pedro Solines, dio 24 horas a las instituciones del sistema financiero, que han enviado cartas a sus clientes sobre los impactos de la reforma tributaria que se debate en la Asamblea, para que presenten descargos, es decir, señalar cuáles son los manejos políticos y los riesgos a los que se expone en dichas comunicaciones. Además, que envíen a los mismos clientes la rectificación sobre esos comunicados. Desde hace varios días, según Solines, han llegado a su despacho cartas de preocupación de clientes por haber recibido las comunicaciones de sus respectivos bancos. En este texto se señala que "la economía del país camina porque los bancos cuidamos escrupulosamente cada centavo que nuestros clientes nos han confiado. Este principio se pone en riesgo cuando se pretende que los bancos no se manejen con criterio técnico sino político (...)". Solines, muy molesto, señaló que se analizarán las sanciones administrativas, pecunarias e incluso penales hacia "los ir
La Junta Bancaria determinó que solamente las instituciones financieras o las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito pueden actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito. De esta manera, las tarjetas de crédito de circulación restringida (que solo se pueden usar para compras en dicho establecimiento) deberán salir del mercado. Por lo tanto, clientes que compraban a crédito en, por ejemplo, almacenes de ropa o electrodomésticos, ya no podrán hacer uso de estos medios de pago. Únicamente estarán en el mercado, mientras la Superintendencia de Compañías determina el cronograma de eliminación, las tarjetas de crédito de circulación restringida emitidas por compañías que son originadoras de procesos de titularización de cartera.
En la Intendencia de Compañías de Guayaquil también fueron entregadas las notificaciones de compras de renuncia. Hoy, personal de Recursos Humanos y policías vestidos de civil informaron a un grupo de trabajadores que la institución había decidido la separación de sus cargos. Ellos dejaron las instalaciones en ese momento. Hasta el cierre de esta edición se desconocía el número de despedidos. Desde el Departamento de Comunicación solo se informó que la única persona autorizada para dar esa información es la Superintendenta de Compañías, Soad Manssur. Al término de a jornada laboral, el personal se retiró sin brindar declaraciones sobre este hecho.
El pasado 31 de agosto la Superintendencia de Compañías emitió una nueva resolución en la que declara la disolución y dispone la liquidación a la compañía Ícaro. Allí se reforma el artículo sexto y séptimo de una resolución emitida el 8 de agosto pasado. Según esas reformas, ahora se impide el derecho a la impugnación, señaló Guido Saltos, presidente de la aerolínea. El empresario recibió la notificación el viernes anterior, cuando la Superintendencia publicó la resolución en el diario estatal El Telégrafo. Ante ello, Saltos señala que impugnará esta resolución porque la empresa "cumplió con todo lo que la Superintendencia requería, como la recapitalización a través de una firma mexicana". Para el abogado Ramiro Moreno, es posible impugnar esta resolución mediante una acción de protección a través de la vía contenciosa administrativa. El antecedente de este tema se remonta a mayo pasado, cuando la aerolínea pidió a la 'Súper' su disolución por problemas financieros. Este Diario pidió u
El negocio de las casas de valores y administradores de fondos se alista para enfrentar las nuevas tendencias del mercado y los cambios en las reglas del juego.
El titular del Consejo de Aviación Civil explica los problemas de la aerolínea con la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas. Aseguró que no existe una persecución.
Los representantes de la aerolínea nacional Ícaro no presentaron ayer uno de los requisitos de impugnación en contra de la resolución de disolución de la empresa, emitida por la Superintendencia de Compañías el pasado 21 de julio.
Una vez que la aerolínea Ícaro solicitó su disolución como empresa ante la Superintendencia de Compañías pasará hasta un año para que esta desaparezca legalmente.