Carmen Calvo, nueva vicepresidenta del Gobierno español, ha pedido a la Real Academia Española de la Lengua un estudio para adaptar la Constitución “a un lenguaje inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de la democracia que transita entre hombres y mujeres”. El encargo reaviva la polémica sobre sexismo y lenguaje. Para echar más leña al fuego, Arturo Pérez Reverte anticipó que dejará su sillón académico si la RAE acoge la pretensión de Calvo.
La discriminación a la mujer hunde sus raíces en las condiciones económicas, sociales y culturales.
El lenguaje no cambia la realidad. Ni siquiera la cambian las leyes. Para muestra basta leer la farragosa Constitución de Montecristi. A pesar del derroche de todos y todas, de ciudadanos y ciudadanas, de presidentes y presidentas y más duplicaciones, el liderazgo de Correa fue de rancio cuño machista. ¿Quién no recuerda las sanciones contra las asambleístas que discreparon con él en el tema de aborto o sus chistes y palabras discriminatorias en las sabatinas?
Los altos índices de acoso sexual, violaciones, abusos y violencia contra la mujer golpean las sociedades. Subsisten diferencias injustas para la mujer en cuanto a remuneraciones y unas relaciones de poder excluyentes. Hay un uso sexista del lenguaje. ¿Cómo esperar algo distinto en sociedades con un arraigado machismo y la herencia de una cultura patriarcal?
En buena hora que se promueva una educación democrática para desterrar las discriminaciones.
Pero se llega al absurdo cuando no se considera la naturaleza del lenguaje, una de cuyos mecanismos de funcionamiento es el de la economía. El masculino para referirse a los dos sexos es parte del sistema gramatical del español y de la economía lingüística. Usamos también voces femeninas para referirnos a hombres y mujeres. Es fuente de los equívocos la confusión entre género, como un accidente gramatical, y sexo, como una realidad biológica.
Un ejemplo de las disparatadas formulaciones en nombre del lenguaje inclusivo, pero de espaldas a la realidad del sistema de la lengua, se evidencia en la Constitución de Venezuela, que contagió de parecido mal a la del Ecuador, las dos con asesoría española. El artículo 41 empieza: “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General…” y sigue una enumeración de 10 dignatarios más, con su duplicación femenina. ¿Así se visibiliza a la mujer o se entorpece la lengua?