La Comisión Nacional de Tránsito revocó el permiso de operación de la Reina del Camino, que capitalizaba buena parte de la operación de pasajeros de Manabí. La sanción reabre el debate sobre la seguridad en el tránsito, el cumplimiento de las normas y los mecanismos de control, no solamente en las carreteras sino en todas las ciudades. La muerte por accidentes tiene alta incidencia en el país.
Lo primero que llama la atención es la sola posibilidad de que varios de los autobuses se reciclen en otras empresas de transporte y vuelvan a operar sin los adecuados ni suficientes controles mecánicos que la seguridad demanda.
Se aprobó ayer en la Asamblea una reforma a la Ley de Tránsito donde el cabildeo de los conductores profesionales buscó flexibilizar las normas de una Ley Orgánica que impone severas sanciones que en el fondo no se aplican. Se juntaron los votos de Alianza País, del PRE y de algunos legisladores de Sociedad Patriótica. Las autoridades de control deben aplicar las normas y exigir los chequeos necesarios para una operación segura.
Hoy se fija nuestra atención sobre la inseguridad en las carreteras, pero también hay que preguntarse qué pasa con los accidentes en las ciudades. Cifras recientes revelaron que en Quito las muertes por accidentes son altísimas.
¿Quién controla y de qué manera al transporte público? Es notorio que se han reducido los controles a los buses en las vías y que siguen circulando unidades que ya cumplieron su vida útil. Esto implica la necesidad de redoblar esfuerzos también en las revisiones y las autorizaciones.
La sola sanción a la empresa de transportes Reina del Camino, con todo lo ejemplarizadora que resulta, no basta. Deberíamos revisar toda la política pública de seguridad vial, en salvaguarda de la vida de la gente.