El Estado debe USD 253 millones por sueldos atrasados del mes de julio del 2020 a servidores públicos de varias instituciones. La intención del Gobierno es poder cancelar esos recursos el viernes 28 de agosto.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, admitió que el Municipio tiene dificultades para cancelar los sueldos y salarios de sus funcionarios debido a la crisis económica por la que atraviesa.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó este lunes 17 de agosto del 2020, una acción de protección para exigir al Gobierno el pago inmediato de los salarios a los servidores públicos y de la decimocuarta remuneración en las regiones Sierra y Amazonía, que debía ser cancelada hasta el sábado 15 de agosto.

El presidente de la República, Lenín Moreno, dispuso que la reducción del 50% de la remuneración ya no se aplique para los Viceministros de Estado. Lo hizo, a través del Decreto Ejecutivo 1118, suscrito este miércoles, 5 de agosto del 2020.

El juez Mauricio Estrella aceptó la acción de protección que interpuso la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) para el pago puntual de los salarios de los servidores judiciales.

El Estado canceló en su totalidad los haberes pendientes por salarios de los empleados del Gobierno central y universidades del mes de junio. Así lo confirmó el Ministerio Finanzas, este 1 de agosto del 2020, a El Comercio.

Los docentes y empleados de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) anuncian nuevos plantones en los exteriores de la Gobernación de Cotopaxi. Ellos exigen el pago de sus salarios.

En los hogares la llegada del fin de mes trae consigo el pago de deudas y otras obligaciones. Cubrir arriendos, tarjetas de crédito y hasta las compras de comida son un desafío para los hogares que han visto mermados sus ingresos por los efectos económicos de la pandemia.

Empleados del sector público se quejaron este lunes 27 de julio del 2020 porque el retraso del Gobierno en el pago de sus salarios es cada vez mayor.

El sindicato de pilotos de British Airways anunció un acuerdo con la dirección que implicará el despido de 270 pilotos y una reducción de salarios del 20%

Las 48 altas autoridades del Ecuador, entre presidente, vicepresidente, ministros y viceministros, reciben desde mayo del 2020 la mitad del salario que percibían antes de la pandemia.

El Gobierno continúa teniendo problemas para cumplir con el pago de sueldos del sector público.

"Hoy es lunes 20 de julio del 2020 y hasta este día, los maestros de planteles fiscales del Ecuador no recibimos nuestro sueldo de junio. Soy profesor de inglés en la Unidad Educativa Técnica Experimental Mitad del Mundo, de San Antonio de Pichincha. Gané mi lugar en el magisterio en diciembre del 2004. Yo necesitaba cobrar mi salario para poder costear la prueba y la medicación para combatir el covid-19, una enfermedad mortal si no se trata", cuenta Fernando Galeano Endara, de 46 años.

El Consejo de la Judicatura informó que el Ministerio de Economía no ha pagado los sueldos de los servidores judiciales correspondientes a junio ni ha entregado los recursos para “ampliar el uso de medios telemáticos en el servicio judicial”, alertó la entidad en un comunicado, este sábado 18 de julio del 2020.

Una vez que la Asamblea votó sobre la objeción parcial a la Ley de Apoyo Humanitario, la madrugada del viernes 19 de junio del 2020, es cuestión de días para que la norma sea publicada en el Registro Oficial y entre en vigor.

Los funcionarios públicos de varias entidades continúan reclamando por el atraso en el pago de sus salarios. Desde marzo del 2020, cuando Ecuador entró en emergencia sanitaria por el covid-19, el Gobierno ha ido incrementando el monto de atrasos en lo referente a pago de sueldos.

Una nueva causa en contra de las decisiones del Gobierno en lo referente a educación se presentará en la Corte Constitucional (CC). Esta vez, la Red de Maestros interpondrá una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 1053.

El Fisco acumuló atrasos hasta mayo del 2020 con cinco sectores: burocracia, seguridad social, gobiernos seccionales, proveedores estatales y tenedores de bonos soberanos.

De las 22 empresas públicas que forman parte del organigrama institucional del Ejecutivo, ocho se han convertido en un problema, principalmente, porque no generan las utilidades que deberían y representan un oneroso gasto corriente, principalmente, por pago de personal y compra de bienes.

Desde junio a diciembre de este año los asambleístas y parte del personal de esta Función del Estado contribuirán con al menos el 10% de sus salarios por la crisis derivada del covid-19.