Apenas se abren las puertas de acceso a los juzgados, una marea de gente se arremolina junto a las oficinas y escritorios de los jueces, secretarios y asistentes.
El Régimen abrió ayer la posibilidad de revisar los despidos en el sector público, sin determinar aún cuál sería el proceso.
La incertidumbre y el desconocimiento rondaban ayer por los pasillos del hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón, en el Suburbio de la ciudad.
Juliana Macías fue una de las madres que acudió hoy a la consunta externa del hospital Delfina Torres de Esmeraldas. Pidió un turno para el médico pediatra Miguel Caicedo, pero le dijeron que ya no trabaja ahí.
Desde inicios de octubre, cuando los primeros 30 funcionarios del Banco Central fueron notificados con su separación laboral, una serie de denuncias han salido a la luz pública, sobre ciertas anomalías en dicho proceso.
Ivonne Vega cuenta que tuvo que dejar el sector público pese a su alto desempeño y sus títulos. ‘Forjé mi carrera desde hace 21 años en el entonces Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos que luego pasó a llamarse Ministerio de Trabajo y Empleo y después Ministerio de Relaciones Laborales.
Los trabajadores separados de sus puestos en la Gobernación de Loja quieren hacer un reclamo masivo por la forma en que fueron separados de sus cargos: con resguardo policial y sin entregar resultados de las evaluaciones de personal.
La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional advirtió a los ministros Richard Espinosa, de Relaciones Laborales; David Chiriboga, de Salud; y Johana Pesántez, de Justicia, con un posible juicio político si no asisten hasta el 15 de noviembre. Esto después de que hoy los tres secretarios de Estado no acudieran a la Comisión para explicar la salida masiva de funcionarios del sector público a través del mecanismo de compra de renuncias obligatorias. “Los tres ministros no tienen tiempo, los tres ministros están ocupados”, manifestó molesta Lourdes Tibán, quien preside la Comisión. Mientras que el asambleísta César Rodríguez afirmó: “tienen que probar en qué artículo de qué ley hay la figura de compra de renuncias obligatorias”.
El asambleísta Andrés Páez (ID) denunció, ayer, que “el Gobierno quiere politizar el servicio público y hacer de él un feudo de militantes pagados por todos los ecuatorianos, para servir a los intereses de (Rafael) Correa, no del Estado”.
Detrás del despido a miles de empleados públicos el Gobierno ha dejado flotando la acusación de que éstos actuaron de modo corrupto, negligente o ineficiente en sus cargos, todo esto con base en una investigación de inteligencia policial que, dentro de la normativa ecuatoriana, no reemplaza de ninguna manera el debido proceso.
El discurso del gobierno de Rafael Correa, de defender el buen nombre de las personas, entró en contradicción con el despedido masivo de funcionarios públicos.
Tras la aplicación de la compra de renuncias obligatorias las instituciones públicas, ajenas al sector de la Salud, retomaron su rutina de trabajo.
El asambleísta Andrés Páez (ID) denunció, en rueda de prensa, que “el Gobierno quiere politizar el servicio público y hacer de él un feudo de militantes pagados por todos los ecuatorianos, para servir a los intereses de Correa, no del Estado”. Anticipó que se avecina un proceso, que se ha iniciado ya, de despidos masivos e indiscriminados en el sector público. Él asegura que la figura de la renuncia obligatoria no existe en ninguna legislación del mundo, porque la renuncia es siempre un acto voluntario. El legislador es experto en derecho de trabajo, graduado en la Universidad de Sevilla, España, y especialista en relaciones laborales de la U. de Bologna, Italia. Recordó que antes de la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) se suprimía una partida de modo definitivo, para liberarle al Estado de pagar aportes al IESS y futuras jubilaciones, sueldos y sobre sueldos. Pero con la nueva Ley, en el Registro Oficial desde octubre del 2010, cambió el escenario. El artículo
En Ambato, una vez que se concretaron los despidos de ocho especialistas, el director provincial de Salud, Enrique Lana, dijo que se buscan diferentes soluciones. El método utilizado es la transferencia de personal hasta el Hospital Provincial Ambato desde otras casas de Salud de esa provincia.
Hace pocos meses recibió los resultados de la última evaluación que le hicieron como servidor público. El cirujano Mario García obtuvo 99,4 sobre 100 puntos en el análisis, que valora las metas médicas y administrativas de cada profesional.
La secretaria de la presidencia de la Corte Constitucional, Wendy Molina, explicó que las tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto 813 se encuentran en etapa de substanciación. El decreto, publicado en el Registro Oficial el 12 de julio de este año, reformó el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), lo cual abrió la puerta para que el Ejecutivo emprenda lo que denominó “cambio generacional” en la burocracia y se iniciara la compra de renuncias obligatorias. El cambio en la Ley no fue tarea fácil, principalmente porque la Asamblea Nacional rechazó el mecanismo de compra de renuncias, establecido en la transitoria décima del veto a la Losep. Una vez que termine la etapa de substanciación en la Corte Constitucional habrá una sentencia única. Sin embargo, no hay un plazo para esta etapa procesal.
El asambleísta ecuatoriano, Jorge Escala (MPD), planteó hoy la posibilidad de iniciar un juicio político al ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, por la compra de renuncias obligatoria a más de 2 700 servidores públicos.
Los representantes de los servidores públicos, que acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores el martes pasado, expusieron ante los legisladores que el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813 es ilegal e inconstitucional, por lo que no puede aplicarse.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explica que 4 700 personas saldrán de las entidades públicas hasta finales de este año. ¿Por qué la ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, señaló que una de las razones de las desvinculaciones de trabajadores fue por actos de corrupción?
Cinco horas le tomó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobar una moción condenatoria a la compra de renuncias obligatorias, en medio de incidentes.