La Corte Constitucional (CC) prevé pronunciarse hasta finales de año respecto a dos demandas interpuestas contra el Decreto 813, que reglamentó la compra de renuncias obligatorias en el sector público. Bajo esa figura, unos 2 700 burócratas fueron despedidos en octubre pasado.
La Corte Constitucional (CC) prevé pronunciarse hasta finales de año respecto a dos demandas interpuestas contra el decreto 813 que reglamentó la compra de renuncias obligatorias en el sector público.
En el segundo piso del dispensario central del IESS, en el Centro de Quito, Fabiola Défaz, junto con su esposo Marcelo Ron, hacen la cola frente a un consultorio.
Varios de los 60 funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que fueron separados el pasado miércoles bajo la figura de renuncia obligatoria, manifestaron su inconformidad con el procedimiento realizado para dejarlos fuera de su cargo. Según una de sus representantes, que prefirió no ser citada, en el momento de la separación las autoridades no dieron ninguna explicación. "No entiendo cómo se evaluó ni bajo qué criterios nos separaron. Eso es lo que más duele, no saber realmente las causas de por qué nos hayamos quedado sin trabajo". El grupo de ex funcionarios dejó sus puestos de las oficinas del banco público, en Quito y Guayaquil, sumándose de esta manera a alrededor otras 260 personas que ya habían sido separadas en distintos agencias del país, en octubre pasado. Por esa razón, en los pasillos de la institución, en Quito, se viven días de incertidumbre, ya que se conoce que en las próximas semanas se planea realizar un nuevo recorte de personal.
El presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, le hizo el quite a la demanda sobre los despidos masivos en el sector público.
Hoy, el doctor Milton Jijón respondió públicamente las aseveraciones en su contra, difundidas a semana seguida en una cadena de televisión auspiciada por el Gobierno. Jijón es uno de los 110 médicos despedidos del sector público. Genetista y con una puntuación de 99 sobre 100, impulsó proyectos como la primera unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el Hospital de Niños Baca Ortiz, donde fue director. En la cadena, el Gobierno afirma que él recibió cerca de USD 5 000 en viáticos, que solo atendió dos pacientes por día y en el 2011 “ni un solo paciente por día” y que enviaba a sus pacientes hasta una fundación, donde no se emitían facturas, para que fueran atendidos. "Debería darles darles vergüenza cuando se dice una parte y no se dice la otra", replicó Jijón durante una entrevista esta mañana en Ecuavisa. "En la Fundación Humanística era uno de los pocos lugares donde se hacía análisis citogenéticos, que hasta el día de hoy no se los h
Funcionarios del Ministerio de Relaciones Laborales y de la Dirección de Aviación Civil (DAC) notificaron a cinco empleados que laboraban en la DAC Manta que ya no eran empleados de la entidad.
Ayer hubo preocupación entre los judiciales. En la mañana conocieron que al menos 1 700 de sus compañeros han vendido sus renuncias en todas las provincias.
Expertos de la Policía Nacional investigan el tipo de material utilizado en dos bombas que explotaron la tarde de ayer en el centro de Guayaquil.
La explosión de una bomba panfletaria causó, esta tarde, alarma y preocupación en el sector aledaño al Mercado Artesanal, al norte de Guayaquil.
La falta de argumentos técnicos por el despido de 2 700 burócratas puede pasarle la factura al Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, al justificar la medida implementada a finales del mes pasado, señaló ayer que “hay corrupciones evidentes, pero que no se pueden demostrar. Tenemos que actuar”. Si no se puede demostrar algo evidente, las demandas legales que han emprendido cientos de servidores públicos que fueron separados pueden tener éxito en las instancias legales. Freddy Carrión, abogado laborista, señaló hoy en Radio Visión que una acusación de actos de corrupción se debe tramitar a través de sumarios administrativos, sin ninguna indemnización. No se puede generalizar la corrupción en los servidores públicos, pues el propio Presidente ha dicho que no decir la verdad completa es una forma de corrupción. En ese sentido, los despidos bajo esa justificación es “ilegal y además es inhumano”. Alabó que se trate de mejorar el servicio público que tiene demasiadas falenc
En una cadena de medios transmitida anteanoche y ayer en la mañana, el Gobierno cuestionó las críticas del médico Milton Jijón a la compra de renuncias obligatorias, quien a su vez las calificó de "infamias". Jijón es uno de los 110 médicos que han sido despedidos del sector público. Genetista y con una puntuación de 99 sobre 100, impulsó proyectos como la primera unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el Hospital de Niños Baca Ortiz, donde fue director. En la cadena, el Gobierno afirmó que solo atendía a dos pacientes por día y en el 2011 "ni un solo por día". Al respecto, Jijón explicó que desde el 2007 hasta el 2009 en su calidad de Director del Hospital no estaba obligado a trabajar en Consulta Externa. "Pese a eso al no haber otro genetista clínico examinaba pacientes". Mientras que desde el 2010 hasta inicios del 2011 su tiempo lo dedicó a la misión gubernamental Manuela Espejo, que estudió las causas de las discapacidades en el
El mejoramiento de los servicios de la aduana y los correos, luego de su reestructuración de personal, son los ejemplos que pone el Gobierno para justificar procesos similares en otras entidades públicas.
Hasta el medio día del lunes 21 de noviembre, 35 funcionarios de la Corte provincial de Justicia de Loja presentaron su renuncia a sus cargos. Son parte del proceso de compra de renuncias que se lleva a cabo en las instituciones públicas del país.
El asambleísta Rafael Dávila, de Alianza Libertad, anunció que la oposición se declara en sesión permanente desde hoy. Anunciaron que se mantendrán reunidos también mañana, el fin de semana, lunes y martes próximos. Quieren que el presidente Fernando Cordero reinstale lo más pronto posible la sesión suspendida ayer, luego de las 23:00, para que la Asamblea se pronuncie en torno a la reforma tributaria. En rueda de prensa, Dávila, acompañado de Vicente Taiano (Prian) y Susana González (Madera de Guerrero) indicó que la única opción que le darán al 'Corcho' es que exija a la Comisión de Régimen Económico, a cargo del proyecto de ley de carácter económico urgente, que remita a la Secretaría el informe para primer debate. La falta de ese informe ha sido el argumento esgrimido por Alianza País para no debatir en el Pleno sobre este tema. "El Pleno tiene la obligación de pronunciarse, aprobar, modificar o negar el proyecto", recordó y afirmó que la oposición sabe el grave daño que causaría a
El Régimen no revela el sustento técnico o jurídico que utilizó para destituir a 2 700 funcionarios públicos la última semana de octubre pasado, bajo la cuestionada figura de las renuncias obligatorias.
En la comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional se presentaron la mañana de hoy incidentes ante la falta de respuesta de la autoridades del régimen respecto a los despidos en el sector público. La presidenta de la Comisión, Lourdes Tibán, había convocado en un inicio a 10:00 a los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinosa; Salud, David Chiriboga; y del Interior, José Serrano, para que entreguen los sumarios administrativos o algún sustento técnico que motivó la destitución de 2 700 funcionarios públicos el pasado 28 de octubre. Sin embargo, al ser convocado el pleno de la Asamblea a la misma hora para tratar el proyecto de Ley de Comunicación, la Comisión de Derechos Colectivos decidió adelantar la sesión a las 09:00 y lo comunicó ayer a los ministros que debían comparecer. Serrano, Espinosa y Chiriboga se presentaron hoy a las 10:00 en la Comisión argumentando que no fueron informados del adelanto de la comparecencia. En ese momento, la asambleísta Lourdes Tibá
El Gobierno conmemoró la masacre obrera del 15 de noviembre de 1922, en medio de una ola de críticas al despido masivo de más de 2 700 empleados del sector público.
El presidente Rafael Correa firmó esta mañana un acuerdo ético y político con la Confederación de Trabajadores del Sector Público (Cntspe). Esto en medio del malestar por los más de 2 700 despidos en el área de salud pública. “Han sido decisiones duras, pero que se debían tomar si queremos mejorar el servicio médico”, dijo Correa en el Coliseo Abel Jiménez Parra, sur de Guayaquil. Frente a cientos de personas defendió la medida. Recordó que la compra de renuncias le costó al estado cerca de USD 90 millones en indemnizaciones. Justamente el apoyo al proceso de reforma del sector público es uno de los puntos que forman parte del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Cntspe. Según datos del Ministerio Coordinador de la política, la Confederación está integrada por 60 000 trabajadores. Otros de los puntos del documento son combatir la corrupción en el sector y establecer un diálogo permanente entre los trabajadores y el Ejecutivo mediante el Ministerio de Relaciones Laborales. También se
La compra masiva de 2 700 renuncias obligatorias en el sector público, que tomó fuerza el pasado 28 de octubre, movilizó a las federaciones de servidores públicos y a los sindicatos del país, los cuales buscan armar una defensa legal ante la arremetida del Gobierno.