Fue otra vez innecesaria para la sociedad y negativo para Correa la medición de fuerzas entre las personas que movilizan los contestatarios sociales y las de AP. Habría sido más sano que se expresen y se debatan las posiciones contestatarias. Pues, FUT- Conaie y más grupos contestatarios ampliamente colmaron las centrales calles quiteñas, aún más, lo hicieron en las ciudades más pobladas, en donde el Gobierno reprodujo la medición de fuerzas. En Quito, una compacta marcha, que llenaba toda la calle, sin dejar casi espacio para ver sus pancartas, duró dos horas y media para que los últimos lleguen a la Plaza S. Francisco. Hubo tantos caminantes como en el 1 de Mayo, en que también la contramarcha gubernamental con gente de varias provincias tampoco rebasó a la de los contestatarios. Ahora, la contramarcha gubernamental fue festiva por las reformas sobre el trabajo; llenó ampliamente la Plaza de la Independencia, en mayoría con funcionarios públicos que en traje llegaron desde las 15:00,
Los manifestantes de Tuzla, la ciudad de Bosnia desde donde se inició esta semana la violenta ola de protestas sociales, pidieron ayer una "revolución política" y "un nuevo futuro" centrado en la lucha contra la corrupción política y la solución de los problemas de los ciudadanos.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió a un grupo de defensores de derechos humanos y representantes de organizaciones sociales ecuatorianas. Ellos pidieron al organismo internacional que intervenga para frenar lo que consideran una criminalización de la protesta social.
El Gobierno ecuatoriano admitió hoy ante la ONU la "tarea gigantesca" que representa la creación de un verdadero Estado plurinacional que convierta en realidad la igualdad entre todos los pueblos y elimine el racismo y la discriminación.
A pesar de que la organización Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno de utilizar a la justicia para “frenar las protestas sociales”, el Régimen todavía no se pronunciará sobre el impacto de esta investigación.
Amnistía Internacional presenta hoy su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo. En el capítulo de Ecuador, la investigación se centra en la criminalización de la protesta social y sus consecuencias.
El obispo emérito de Riobamba, Víctor Corral, que acaba de cumplir 50 años de sacerdocio, reivindicó la necesidad de que el pueblo exprese sus preocupaciones e incluso grite, sin que se criminalice la protesta, lo dijo en una entrevista brindada a Ecuadoradio.
La presentación de cargos falsos contra líderes indígenas y comunitarios y las restricciones a la libertad de expresión son dos de las denuncias que Amnistía Internacional (AI) planteó hoy sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador.
Con el paso de los años, el Régimen ha cambiado su posición frente a la protesta social. Según dos informes de organismos de derechos humanos, en este Gobierno se han judicializado 25 casos, en los cuales 200 ciudadanos han sido criminalizados por participar en protestas contra la explotación de recursos naturales.