El proceso judicial en contra del exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), David Rosero, continúa. Este 17 de agosto se realizará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la Corte Nacional de Justicia en Quito.
Ricardo Patiño estableció que la detención arbitraria de Julián Assange es una persecución política a un ciudadano que develó los delitos cometidos por "poderosos países".
Como ‘injurídica e ilícita’, calificó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, la decisión del juez de la Corte Nacional, Wilson Merino, al ordenar su detención dentro del caso conocido como ‘Las Dolores’.
Tradicionalmente, Colombia ha sido un Estado que ha brindado acogida a personas vinculadas con la defensa de los DD.HH. o a quienes han sido víctimas, de una u otra manera, de persecución política y/o judicial en sus países.
El prefecto de Zamora Chinchipe y líder del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Salvador Quishpe, rechazó la campaña sistemática de represión y persecución política contra autoridades y líderes de dicho movimiento político en el país.
La demanda del presidente Rafael Correa contra los cuatro veedores ciudadanos que siguieron el cierre de los supuestos contratos entre su hermano Fabricio y el Estado, despierta en la cancha legislativa el debate sobre la aprobación de una Ley que “blinde” a los ciudadanos de posibles persecuciones políticas por sus investigaciones.
La audiencia de formulación de cargos contra los cuatro ciudadanos que investigaron los presuntos contratos de Fabricio Correa con el Estado fue suspendida. Se realizará el 17 de mayo a las 14:20. Los ex veedores ciudadanos, Pablo Chambers, Gerardo Portillo y José Quishpe, no asistieron a la diligencia en el Juzgado Quinto de Garantías Penales. El motivo: ellos no fueron notificados formalmente de esa audiencia. Solo el también ex veedor Víctor Hugo Hidalgo fue notificado. Los cuatro ciudadanos forman parte de la veeduría cuyo informe reveló que el presidente Rafael Correa sí conocía de los contratos que su hermano Fabricio mantenía con el Estado. Asimismo revelaron que estos ascendieron a USD 657 millones con un perjuicio estatal de USD 140 millones. El Presidente impulsó un juicio por falso testimonio en marzo del año pasado. La fiscal de los delitos de Fe Pública, María Elena Bayas, fue la funcionaria que llevó a cabo la indagación previa y quien sostiene que los cuatro veedores com
Los cuatro ciudadanos que investigaron los presuntos contratos de Fabricio Correa con el Estado temen por el desenlace de la denuncia del Presidente. Hoy, a las 14:20, enfrentarán una audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía los acusa de perjurio. Ellos se ratifican y denuncian una persecución política.
Para la fiscal de delitos de Fe Pública, María Elena Bayas, los cuatro veedores ciudadanos que presentaron el informe que ratificó las irregularidades en los presuntos contratos de Fabricio Correa con el Estado, cometieron un delito de falso testimonio.