Si desde fuera del país se escucharan las arengas sabatinas o las voces de ciertos altos funcionarios del Gobierno, se podría concluir que este se encuentra paralizado gracias a la acción subversiva de una poderosa oposición. Esta apreciación, para los que tenemos cercanía con la realidad nacional, no se sostiene en los hechos. En efecto, la oposición solamente opera en los sistemas políticos pluralistas, con partidos políticos que canalizan los desacuerdos con el Gobierno y proponen proyectos sustitutivos. De la esencia de la oposición es que sea una alternativa de poder, dentro del marco del juego constitucional, sin que su misión sea derrocar al presidente de turno, ni alterar el orden constituido. Se requiere, pues, de un poder público limitado y de un sistema de equilibrio de poderes propios del Estado democrático occidental para que la oposición cumpla su papel de institución dentro del sistema. No se da en un régimen que monopoliza el poder y en el que impera el dogmatismo. Puede haber conspiración, contestación, manifestaciones extraparlamentarias de protesta circunstancial e intentos de agrupación para oponerse al Gobierno, pero sin la menor posibilidad de compartir el poder o de influir en la toma de sus decisiones.
Desde estos presupuestos, bien puede afirmarse que el Gobierno de la revolución ciudadana no solo que no enfrenta una oposición, sino que es el único desde que se restauró la democracia que no ha tenido que vérselas con fuerzas organizadas, con capacidad de movilización ciudadana y de terciar en los procesos electorales con opciones de asumir el poder. Los medios – cuando no eran corruptos ni tendenciosos- contribuyeron grandemente a la crisis de los partidos políticos y a su disolución, poniendo de manifiesto ante la opinión que, con dos excepciones a lo más, no eran sino tropas al servicio de caudillos o instrumentos para que sus dirigentes negociaran prebendas a cambio de su voto. Hoy no queda en el panorama nacional un solo movimiento que merezca el calificativo de partido político. Los legisladores distantes del oficialismo, tampoco han logrado estructurar una oposición conceptual y sólida, reduciéndose las confrontaciones a las estrategias de los viejos congresos.
Parece que ha llegado la hora de conformar una gran alianza nacional, que abandone todo propósito que no sea restablecer los valores democráticos y volver al Estado social derecho, al servicio del ciudadano y no a la inversa, para intervenir en las próximas elecciones, con la pretensión de llevar a la Asamblea un grupo representativo de legisladores, y de ser alternativa a la sucesión imperial, al gutierrismo y al noboismo, dos residuos de un quehacer político que, por imperativo ético, no se puede respaldar.