El juez Wilman Terán declaró nula una parte de la fase de la investigación pública que Fiscalía abrió en contra de la exasambleísta Nivea Vélez y una de sus colaboradoras. Ambas están procesadas por el presunto delito de concusión.
Las investigaciones que realizó el fiscal subrogante, Wilson Toainga, revelan que cuando Nivea Vélez se desempeñaba como legisladora de Loja habría pedido USD 33 000 en “aportes irregulares obligatorios” a sus colaboradores en la Asamblea. Según las pesquisas ese dinero se utilizó para financiar a un movimiento político.
El pedido de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de que se levante la inmunidad parlamentaria de Nivea Vélez para formular cargos en su contra por el delito de concusión será debatido este viernes 17 de julio del 2020 en la Asamblea.
La Fiscalía presentó ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) un pedido para que se señale fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de la asambleísta en funciones Karina Arteaga, de Alianza País; y de la exlegisladora Nivea Vélez, del Movimiento Municipalista.
En la oficina de Nívea Vélez, en el edificio Alameda que alberga a los asambleístas de oposición hay decenas de carpetas archivadas. Ella es una de las que más pedidos de información ha formulado a dependencias públicas: 1 473 desde 2009.
La lojana Nívea Vélez repite una y otra vez que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no quedará desfinanciado si las mujeres se jubilan a los 55 años, cinco antes de lo establecido ahora.
La asambleísta Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, denunció hoy que los asambleístas oficialistas negaron la moción para la revisión del decreto presidencial 813, que faculta al Estado a comprar obligatoriamente las renuncias de los burócratas. Según Vélez, el Decreto tiene varias inconstitucionalidades, por lo que la Comisión presentó un proyecto de resolución ante el Pleno de la Asamblea, rechazando el contenido de dicho decreto por atentar contra el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, contemplados en la Constitución.