A dos años de que fuera aprobada en consulta popular la denominada “muerte civil” de autoridades involucradas en casos de corrupción, la medida aún no surte efectos en la escena política.
Para los políticos y exfuncionarios que están vinculados o investigados por casos de corrupción, la pregunta 1 del referendo constitucional tiene una importancia particular. Con su aprobación, si ellos llegan a ser sentenciados, no podrán volver a tener vida política ni ser funcionarios.