Los canales incautados Gamavisión y TC-Televisión acumularon pérdidas por más USD 23 millones desde que pasaron a manos del Estado, en 2008, por orden del expresidente Rafael Correa, informó este martes, 24 de octubre, el gerente de los Medios Públicos, Andrés Michelena.
Francisco Herrera, conductor del programa ‘El poder de la Palabra’, que se trasmite actualmente en Radio Tarqui, anunció en la emisora que mañana (10 de junio del 2014) a las 11:00 se realizará la audiencia de mediación a la que fueron citados el Procurador Sindico y al Secretario de Comunicación del Municipio de Quito para que expliquen por qué el programa dejó de trasmitirse en las frecuencias municipales desde mayo pasado.
Uno de los ejes del discurso antimedios del Gobierno se quedó sin piso, tras divulgarse ayer que la autocensura en los medios públicos es mayor que en los medios privados.
La venta de los canales incautados Gamatv y TC Televisión parece diluirse en medio de las trabas legales y restricciones financieras.
Organizaciones periodísticas y comunicadores se reunieron en El Salvador. Su objetivo: debatir sobre el papel que juegan los medios de comunicación públicos.
Tanto Venezuela, Ecuador como Nicaragua carecen de leyes que dispongan que los medios estatales deban servir al interés público, afirma Carlos Lauría, coordinador del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Por regla general no leo periódicos del Gobierno ni del Municipio, pues son totalmente carentes de objetividad. En la Ley de Comunicación elaborada por Correa se pretende evitar la inducción a favor o en contra de alguna tesis o candidato opositor, sin embargo el Régimen y sus aliados no tienen empacho en que cada línea de los mencionados periódicos sean el más vivo ejemplo del servilismo incondicional al líder con el deseo innegable de envolver al pueblo en una nube rosada de engaño e ignorancia.
Según el presidente Rafael Correa, solo los medios estatales publican la verdad. Así lo dijo durante la entrega de 2 544 puertos de Internet y 19 000 líneas telefónicas en un barrio popular de Guayaquil.
Hay ciertos conceptos inherentes a toda sociedad moderna y democrática que han sido prostituidos durante este Gobierno. Uno de ellos es el de lo público. Con la creación de un millonario conglomerado ya casi monopólico de medios a los que se les ha puesto la etiqueta de "públicos", cuando en la realidad no son sino instrumentos de propaganda partidista, la idea de lo público ha terminado convirtiéndose en gubernamental.
En mi calidad de ciudadano común y corriente que vivo de mi trabajo, debo confesar que soy un adicto. Mi “adicción” es a la lectura y estar al tanto del quehacer político en el Ecuador y el mundo. Cuando no tengo nada que hacer y estoy aburrido, veo en televisión o leo, algo de los […]
Lo que se hace con los fondos públicos en el caso de El Telégrafo es pura sinvergüencería.
Basta haber visto hoy la página web de la agencia de noticias Andes para ponerse a sospechar que en alguna mente del Gobierno se piensa en la posibilidad de una muerte cruzada para eliminar a la Asamblea Nacional. En Andes se mantuvo durante todo el día de hoy una “noticia” que titulaba así: “Oposición a Correa desconoce mandato popular ordenado en las urnas”. La nota concluye en que existe un plan opositor para no acatar los resultados de la consulta sobre la base de una declaración de Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica. Según Gutiérrez, su partido se opondrá a la probación de temas que fueron aprobados con menos del 50 % de los votos, considerando a los nulos y blancos. Pero lo más interesante de la nota no radica en lo que haya dicho o no Gutiérrez. La nota presenta de tal manera la supuesta noticia que es muy fácil sugerir que, entre las opciones del gobierno, está el mecanismos constitucional de la muerte cruzada según el cual el Presidente decreta la disolución de la Asamble
Hoy más que nunca es necesario hablar sobre los medios de comunicación manejados por el Gobierno, eufemísticamente llamados públicos. Lo que ocurrió la noche del sábado, cuando el holding de canales incautados desplegaron todas sus capacidades para publicitar una encuesta como si se trataran de datos definitivos y con el evidente propósito de ser plataforma de los intereses del Gobierno, hace imperativo que en el Ecuador articule un movimiento para pedir una explicación. Se podrá decir que esos canales tenían todo el derecho a contratar a la encuestadora de Santiago Pérez o a cualquier otra, y la verdad es que eso podría ser así si el pago hubiera sido hecho con el dinero de los dueños de los canales. Pero resulta que los dueños de esos canales son, quiéranlo o no, todos los ecuatorianos. Es decir el Estado.