En muchos países existen medios de comunicación públicos. Son aquellos que se financian con recursos del Estado, que pertenecen a toda la sociedad y cuya razón de ser es el servicio comunitario.
El Ecuador no ha contado con una fuerte tradición de medios públicos. Pero en el presente régimen se ha consolidado una veintena de medios supuestamente en manos del Estado. La realidad, sin embargo, nos muestra que, en la mayoría de casos, son medios que controla y dirige el Gobierno. Privilegiando la visión política del grupo que ostenta el poder, se practica la exclusión y hasta el ocultamiento de las opiniones de los distintos actores del espectro político e ideológico, suprimiendo la riqueza de pensamiento diverso y el debate de ideas, en nombre de una comunicación supuestamente pública. Sí, supuestamente pública, porque hacer propaganda que exalte la visión de los gobernantes no es, ni mucho menos, el papel de los medios públicos.
En las democracias europeas, por ejemplo, hay grandes y vigorosos medios públicos manejados por los ciudadanos. En la BBC de Londres muchas veces se exhiben posturas editoriales críticas con el Gobierno. En España, izquierda radical, derecha y nacionalistas, sindicatos y empresarios critican abiertamente en los medios públicos al gobierno del presidente Zapatero y le recriminan por la calamitosa conducción de la economía. Los presupuestos de esos medios son grandes y los pagan los contribuyentes.
Las cuentas de los medios públicos de Ecuador merecen una auditoría total y transparente. Aquí, con dineros del pueblo, se usan los medios públicos como plataforma de campañas infamantes para apuntalar una idea retrógrada de condena y castigo a los medios que ejercen el periodismo libre. ¡Inaudito!