La Fiscalía de Chimborazo inició una instrucción fiscal contra 11 uniformados, por su presunta responsabilidad en el delito de paralización de servicios públicos, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, 30S.
Tres de los 34 detenidos por las protestas de ayer fueron liberados sin cargos, mientras que el resto de implicados se les aplicó medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva, en base al artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).