La secretaria Johana Pesántez (centro) acudió el 11 de febrero de 2019 a la Comisión de Justicia. Foto: Cortesía Asamblea Nacional
Desde el pasado lunes 18 de febrero de 2019, los 137 integrantes de la Asamblea Nacional se acogieron a la primera vacancia del 2019 que los mantendrá fuera de sus curules hasta después de Carnaval.
El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), en la sesión del 10 de enero pasado, fijó el receso del 18 de febrero al 1 de marzo. Pero, en la práctica, será mayor debido a que el cronograma termina justo cuando se inicia el próximo feriado a escala nacional.
Ayer los asambleístas Marcela Aguiñaga, Bairon Valle y Ronny Aleaga, del denominado grupo de la Revolución Ciudadana (ex AP), realizaron un evento de rendición de cuentas en Guayaquil.
Otros dividen su tiempo entre entrevistas, mítines de campaña para las seccionales o viajes dentro o fuera del país.
Aguiñaga preside la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que dejó pendiente para después de la vacancia la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley Anticorrupción y de Protección del Denunciante, que impulsa el Ejecutivo.
Se trata de uno de los temas que mayor fricción ha generado entre los dos poderes del Estado, desde que el presidente Lenín Moreno, en septiembre de 2018, enviara su propuesta, tras vetar por completo la Ley Anticorrupción, de iniciativa legislativa, que había sido aprobada por unanimidad en el Parlamento.
De por medio está la promesa de recuperar los dineros mal habidos, de los que aún no hay una cifra oficial.
Luego de que la propuesta presidencial superara el primer debate en el Pleno de la Asamblea, en enero pasado, la Comisión decidió que no sea Aguiñaga sino Rosa Orellana, legisladora de Alianza País (AP), la encargada de preparar el informe final.
La última vez que en esta mesa legislativa trataron el tema fue el 11 de febrero, cuando compareció la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, a defender la iniciativa del Ejecutivo.
La idea de otorgar una compensación de hasta el 20% del monto recuperado a quienes denuncien actos ilícitos, que contempla ese proyecto, es algo que no termina de convencer a la mayoría de asambleístas.
Para Aguiñaga y Henry Cucalón (PSC), quien también integra la Comisión de Justicia, no está claro cómo se daría ese pago y si no pudiera repercutir en las investigaciones.
Sin embargo, Pesántez compara el mecanismo con el que se aplica para localizar a los prófugos Más Buscados y sostiene que no se trata de llevar investigaciones paralelas a las de la Fiscalía.
A su vez, la funcionaria descarta que con ese mecanismo se pretenda beneficiar a testaferros y afirma que ese porcentaje responde a “experiencias internacionales sobre recuperación de activos”.
El mismo incentivo propone la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, dentro de su propuesta de Ley de Recuperación de Capitales.
El documento, en cambio, es tramitado por la Comisión legislativa de Participación Ciudadana y Control Social. Y el informe para su segundo debate en el Pleno también quedó para después del receso parlamentario.
Ayer Cabezas, mientras tanto, recibió en el Palacio Legislativo a una comitiva que llegó desde Guaranda para invitarla a las fiestas de Carnaval tradicionales de esta localidad.
La semana pasada, en la víspera de la última sesión del Pleno, en la que se concluyó con el trámite de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, la Presidenta hizo un balance de su gestión.
El acto se dio no en el Palacio Legislativo, sino en la estación de Tren de Chimbacalle, en el sur de Quito, a donde concurrieron representantes de gremios, organizaciones, colectivos y líderes barriales.
En ese contexto, calificó “como decisiones duras pero necesarias” al hecho de que en los últimos cuatro meses tres legisladoras fueran destituidas por irregularidades.
En abril pasado, los coordinadores de las bancadas acordaron trabajar en función de una agenda que contemplaba que 48 leyes sean aprobadas hasta mayo próximo.
Sin embargo, a tres meses de que concluya ese plazo, han logrado cumplir con menos de la mitad (ver recuadro). Cabezas asumió las riendas del Parlamento hace 11 meses.