Guantánamo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha vuelto a solicitar, el 12 de enero, el cierre de la prisión de Guantánamo, establecida hace más de 10 años en esa base naval norteamericana, situada en territorio cubano.

En 1903, Cuba firmó un tratado con Estados Unidos cediéndole la base de Guantánamo, “hasta cuando la necesitaren”, con “jurisdicción y señorío completos”. Washington reconoció la soberanía cubana sobre tal territorio. En 1960, Cuba declaró ilegal la ocupación de Guantánamo y se negó a recibir el arrendamiento anual que se le pagaba.

A raíz del ataque contra el World Trade Center, el presidente Bush autorizó el uso de Guantánamo como centro de detención de los acusados de terrorismo que no fueren norteamericanos. Los abusos contra los derechos humanos allí cometidos y la dura crítica internacional, llevaron al presidente Obama a anunciar su decisión de cerrar esa prisión, en el plazo de un año. En enero de 2009, firmó la resolución pertinente, pero la oposición republicana en el Congreso ha impedido hasta ahora -entre otros factores- su cumplimiento.

Los detenidos en la base carecían de toda protección jurídica. Considerados “combatientes enemigos ilegales”, se les negó el acceso a los tribunales norteamericanos. La Corte Suprema de Justicia rechazó ese criterio, pero recientemente el Congreso ha ratificado la posibilidad de detener por tiempo indefinido, sin cargos, a sospechosos de terrorismo, considerándolos prácticamente como parias del derecho internacional.

La ONU, la Cruz Roja Internacional, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han informado sobre casos de malos tratos y torturas en Guantánamo, lo que parcialmente ha sido reconocido hasta por el Departamento de Defensa. Philip Alston, relator de la ONU, sobre muertes extrajudiciales, ha pedido que cesen los juicios militares contra detenidos en Guantánamo, “porque no cumplen en absoluto las normas internacionales”.

Es injustificable que un país mantenga una base militar en otro sin el consentimiento de este y, más aún, que en ella se autoricen prácticas que desconocen los más elementales derechos humanos. Estados Unidos tiene el merecido prestigio de ser un país democrático en el que se respetan los derechos y libertades, lo que no le libra, como en todas partes, de cometer errores y abusos. Su conducta en Guantánamo va en contra de la conciencia civilizada. Está llamado, en consecuencia, a solucionar cuanto antes este problema y a contribuir al fortalecimiento universal de los derechos humanos. En este sentido, debería suscribir y ratificar los pactos mundiales y regionales que todavía no lo ha hecho.

Todos los demás países, aunque no tengan la conciencia limpia como para arrojar la primera piedra, deben empeñarse en una campaña para conseguir que así suceda.

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