La cifra es oficial: 738 agentes han sido expulsados de la Policía entre el 2013 y el 2015. Parecerían ser pocos si se toma en cuenta que en el país operan 47 000 gendarmes, pero los delitos por los que son investigados alarman. Allí están drogas, torturas, asesinato, extorsión, tenencia ilegal de armas, robo, violación, tráfico de migrantes, cohecho, estafa, evasión, falsificación, asociación ilícita, etc.
La relación entre el Gobierno y los militares es cada vez más tensa y pareciera que nadie detiene esa tensión. Con la llegada de Ricardo Patiño al Ministerio de Defensa (marzo de este año) se esperaba que los conflictos registrados en la administración de Fernando Cordero mermaran. Los propios militares retirados esperaban aquello. Pero no fue así.
El Gobierno volvió a referirse ayer a la situación de los cubanos sin papeles y justificó los operativos de desalojo. Pero aclaró que los policías también han perpetrado incursiones para desarticular a mafias dedicadas al tráfico de migrantes. Eso está bien. Pero hace ocho años nada de esto se decía desde el poder.
Solo fue cuestión de minutos para que todos supieran quién es la persona que regresó al país 13 años después de la incursión policial en una farmacia de Guayaquil. Bastó que la autoridad judicial hablara públicamente y las redes sociales hicieron el resto del trabajo.
Que los bebés hereden de sus madres la adicción a la droga ‘H’ simplemente espeluzna. Pero es una realidad. Ayer, este Diario publicó que una sola maternidad de Guayaquil ya reporta 39 neonatos con el síndrome de la abstinencia a ese narcótico elaborado con heroína, cemento, gasolina y alquitrán.
Al ministro coordinador de la Producción, Vinicio Alvarado, le resultó “más que simpático, hasta anecdótico, que se haya hecho toda una noticia alrededor de un pequeño error en un tema que no es trascendental”. Eso lo dijo la semana pasada, cuando se refirió a que la venta de licor los viernes y sábados no sería hasta las 04:00 sino hasta las 02:00.