La acción legal que impugnaba los informes de lectoría que la empresa Media Research Chile S.A. elaboró sobre los diarios El Telégrafo y el PP El Verdadero fue desestimada, en primera instancia.
El Telégrafo es en teoría un periódico público. Sin embargo, la realidad es otra: es una sociedad anónima que se financia como cualquier medio privado de comunicación: con publicidad.
El diario público El Telégrafo aplica una nueva receta de mercadeo: sus vendedores lo promocionan como el periódico que tiene la “prensa más moderna de Latinoamérica y del Ecuador, que permite la impresión diaria de 80 000 ejemplares”. Para apalancar su venta -que actualmente bordea la tercera parte de esta cifra, según informes internos- entre sus principales clientes están las entidades públicas.
Carlos O. (identidad protegida) es distribuidor de El Telégrafo y del PP El Verdadero desde hace siete meses. Su trabajo consiste en retirar los ejemplares de los periódicos a partir de su llegada a Quito desde Guayaquil, para luego distribuirlos a los voceadores.
Las reducidas ventas del rotativo guayaquileño obligaron al diario al implementar una nueva estrategia de mercadeo que determina la venta de ejemplares de El Telégrafo a entidades públicas. Según un informe de Contraloría, el diario debía recuperar más de USD 3 millones que perdió entre el 2007 y el 2009, por regalar ejemplares. Mañana lea un reportaje completo de cómo instituciones estatales compran ejemplares del diario público, que luego son distribuidos gratuitamente en el país.
El Gobierno ha decido hacer del tema Wikileaks otro de los caballos de batalla que usa en su obsesiva guerra contra de la prensa no estatal. El asunto podría producir indignación porque se opera, como en muchos otros temas, con dineros públicos pero la verdad es que produce ternura y hasta vergüenza ajena.
Desde el primero de este mes, en el medio estatal El Telégrafo se publica a diario una página, en el primer cuadernillo, con temas relacionados con lo ocurrido al 30 de septiembre pasado. El viernes 30 circulará un especial.
Lo que se hace con los fondos públicos en el caso de El Telégrafo es pura sinvergüencería.
Lo que se hace con los fondos públicos en el caso de El Telégrafo es pura sinvergüencería. Y si sinvergüencería es el despilfarro que se hace en ese diario al que eufemísticamente se llama público cuando no es otra cosa que un infamante brazo propagandístico del Gobierno, aún peor es la desfachatez hecha pública por Rafael Correa cuando anunció que inyectará más dinero en esa empresa. Según un informe de la Contraloría sobre el desempeño de El Telégrafo entre el 2007 y el 2010, tres millones han perdido los contribuyentes, porque las urgencias de Alianza País exigían que se regalen ejemplares . El informe señala que El Telégrafo tuvo que pagar multas de hasta USD 75000 por retrasos en los pagos a la empresa alemana Koening & Bauer AG (KBA), proveedora de su nueva rotativa. Y como si fuera poco, USD 25 000 a la misma KBA para mantener embodegada la maquinaria, ya que al momento de la entrega, aún no estaban listas las instalaciones de la planta. Es decir que a los 3 millones que se esfu
El reporte definitivo de la Contraloría sobre El Telégrafo estará listo en las próximas semanas. Esa auditoría se encuentra en etapa de revisión.
El examen especial que la Contraloría General del Estado realizó a la gestión de diario El Telégrafo, entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de enero del 2010 confirmó las altas pérdidas económicas que ese medio de comunicación, dependiente del Gobierno central, tuvo durante ese período.
Hoy más que nunca es necesario hablar sobre los medios de comunicación manejados por el Gobierno, eufemísticamente llamados públicos. Lo que ocurrió la noche del sábado, cuando el holding de canales incautados desplegaron todas sus capacidades para publicitar una encuesta como si se trataran de datos definitivos y con el evidente propósito de ser plataforma de los intereses del Gobierno, hace imperativo que en el Ecuador articule un movimiento para pedir una explicación. Se podrá decir que esos canales tenían todo el derecho a contratar a la encuestadora de Santiago Pérez o a cualquier otra, y la verdad es que eso podría ser así si el pago hubiera sido hecho con el dinero de los dueños de los canales. Pero resulta que los dueños de esos canales son, quiéranlo o no, todos los ecuatorianos. Es decir el Estado.