Las notificaciones bajo la figura de renuncia obligatoria llegaron ayer al Instituto Nacional de Higiene (INH) Leopoldo Izquieta Pérez, en Guayaquil. Trece trabajadores de las áreas financiera, administrativa y del laboratorio de Virología fueron separados de la entidad. En promedio son personas con 15 y hasta 30 años de labores.
No todos los servidores públicos quieren quedarse en sus puestos de trabajo. Un grupo ansía irse de forma voluntaria de las entidades, pero el Estado no accede.
La incertidumbre embarga a los 1 370 ex empleados del sector público que fueron desvinculados de sus cargos durante la segunda ola de compras de renuncias en el país.
[[OBJECT]]La segunda ola de despidos de funcionarios públicos ya no tuvo visos de conmoción como la primera, en el 2011.
A las 08:00 de ayer, sin previo aviso, arrancó la segunda oleada de desvinculación de personal en las entidades del sector público. La medida responde a un proceso de reestructuración del Estado, que el Gobierno puso en marcha desde el 2011.Para ello emitió el Decreto Ejecutivo 813, que establece la polémica compra de renuncias con indemnización. La normativa entró en vigencia el 12 de julio del 2011 y se aplicó a fines de octubre, cuando se despidieron a 2 700 empleados. La proyección al terminar el año era desvincular a 4 700 trabajadores al finalizar el año (incluía a quienes se acogieran a la jubilación)”. La cifra estimada para este año alcanza las 3000 personas. Este Diario buscó el dato oficial sobre el número de trabajadores que salió ayer. Hasta el cierre de esta edición, desde el Ministerio de Relaciones Laborales se informó que todavía no se generaba información sobre el tema. Según Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), ayer sa
La Corte Constitucional (CC) prevé pronunciarse hasta finales de año respecto a dos demandas interpuestas contra el decreto 813 que reglamentó la compra de renuncias obligatorias en el sector público.
Revisando algunos archivos noticiosos en la Internet me encontré con esta nota curiosa. No es para nada antigua, apenas data de mayo pasado. Sin embargo demuestra lo frágil que es nuestra memoria, lo mucho que dejamos escapar los medios privados en nuestras investigaciones y el poco esfuerzo que hacen los medios oficialistas, autodenominados públicos, en ofrecer información contextualizada que obligue a nuestros gobernantes y a sus tecnócratas a rendir cuentas, de forma transparente, sobre su contradictorio proceder.
Varios de los 60 funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que fueron separados el pasado miércoles bajo la figura de renuncia obligatoria, manifestaron su inconformidad con el procedimiento realizado para dejarlos fuera de su cargo. Según una de sus representantes, que prefirió no ser citada, en el momento de la separación las autoridades no dieron ninguna explicación. "No entiendo cómo se evaluó ni bajo qué criterios nos separaron. Eso es lo que más duele, no saber realmente las causas de por qué nos hayamos quedado sin trabajo". El grupo de ex funcionarios dejó sus puestos de las oficinas del banco público, en Quito y Guayaquil, sumándose de esta manera a alrededor otras 260 personas que ya habían sido separadas en distintos agencias del país, en octubre pasado. Por esa razón, en los pasillos de la institución, en Quito, se viven días de incertidumbre, ya que se conoce que en las próximas semanas se planea realizar un nuevo recorte de personal.
El presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, le hizo el quite a la demanda sobre los despidos masivos en el sector público.
La falta de argumentos técnicos por el despido de 2 700 burócratas puede pasarle la factura al Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, al justificar la medida implementada a finales del mes pasado, señaló ayer que “hay corrupciones evidentes, pero que no se pueden demostrar. Tenemos que actuar”. Si no se puede demostrar algo evidente, las demandas legales que han emprendido cientos de servidores públicos que fueron separados pueden tener éxito en las instancias legales. Freddy Carrión, abogado laborista, señaló hoy en Radio Visión que una acusación de actos de corrupción se debe tramitar a través de sumarios administrativos, sin ninguna indemnización. No se puede generalizar la corrupción en los servidores públicos, pues el propio Presidente ha dicho que no decir la verdad completa es una forma de corrupción. En ese sentido, los despidos bajo esa justificación es “ilegal y además es inhumano”. Alabó que se trate de mejorar el servicio público que tiene demasiadas falenc
En una cadena de medios transmitida anteanoche y ayer en la mañana, el Gobierno cuestionó las críticas del médico Milton Jijón a la compra de renuncias obligatorias, quien a su vez las calificó de "infamias". Jijón es uno de los 110 médicos que han sido despedidos del sector público. Genetista y con una puntuación de 99 sobre 100, impulsó proyectos como la primera unidad de diálisis renal infantil o la unidad para tratamientos de síndromes genéticos en el Hospital de Niños Baca Ortiz, donde fue director. En la cadena, el Gobierno afirmó que solo atendía a dos pacientes por día y en el 2011 "ni un solo por día". Al respecto, Jijón explicó que desde el 2007 hasta el 2009 en su calidad de Director del Hospital no estaba obligado a trabajar en Consulta Externa. "Pese a eso al no haber otro genetista clínico examinaba pacientes". Mientras que desde el 2010 hasta inicios del 2011 su tiempo lo dedicó a la misión gubernamental Manuela Espejo, que estudió las causas de las discapacidades en el
El presidente Rafael Correa firmó esta mañana un acuerdo ético y político con la Confederación de Trabajadores del Sector Público (Cntspe). Esto en medio del malestar por los más de 2 700 despidos en el área de salud pública. “Han sido decisiones duras, pero que se debían tomar si queremos mejorar el servicio médico”, dijo Correa en el Coliseo Abel Jiménez Parra, sur de Guayaquil. Frente a cientos de personas defendió la medida. Recordó que la compra de renuncias le costó al estado cerca de USD 90 millones en indemnizaciones. Justamente el apoyo al proceso de reforma del sector público es uno de los puntos que forman parte del acuerdo firmado entre el Gobierno y la Cntspe. Según datos del Ministerio Coordinador de la política, la Confederación está integrada por 60 000 trabajadores. Otros de los puntos del documento son combatir la corrupción en el sector y establecer un diálogo permanente entre los trabajadores y el Ejecutivo mediante el Ministerio de Relaciones Laborales. También se
Me ha causado estupor y sorpresa leer en los diarios el despido de miles de empleados públicos, según el artículo 8 del Decreto Ejecutivo 813, firmado por el Presidente de la República, sin mediar ni consensuar, con todos los involucrados, porque no es posible, ni puedo concebir que se haya tomado tal resolución, dejando a miles de ciudadanos sin su trabajo y por ende sin el sustento diario para los padres y madres, cuyos hijos dependen de ellos.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, en una entrevista concedida hoy al canal oficialista Gama TV dio a conocer que hoy serán desvinculados del sector público 700 funcionarios mediante la figura de compra de renuncias. El decreto ejecutivo 813, suscrito en julio de este año por el presidente Rafael Correa, determinó que este proceso se podría hacer de manera obligatoria. Espinosa confirmó que este nuevo grupo de despidos se suma a un total de 2 000 servidores públicos que fueron despedidos el viernes de la semana pasada que laboraron en el Ministerio de Salud Pública, el sistema de Rehabilitación Social, Banco Nacional de Fomento, Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, y el Consejo Nacional de Aviación Civil. En su declaración, Espinosa no profundizó en l
La única respuesta que el Gobierno ha dado sobre la compra masiva de renuncias forzosas fue del presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de la red social Twitter.
Un total de 3 500 servidores públicos se espera que sean separados de sus cargos hasta el martes, mediante el mecanismo de compra de renuncias obligatorias.
El viernes pasado, el Gobierno puso en marcha un programa de despidos masivos en el sector público, eufemísticamente llamado ‘compra obligatoria de renuncias’. Según el Ministerio de Relaciones Laborales, cerca de 4 000 burócratas serán separados de sus cargos hasta finales de este año, a un costo de 116 millones de dólares.