Han pasado 28 días desde que la presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ximena Endara, suspendió por segunda ocasión la audiencia de prueba y juzgamiento contra Editores Nacionales S.A. Ensa, de revista Vistazo, por una supuesta infracción electoral.
Con pancartas, megáfonos y un parlante, cerca de 15 manifestantes se encuentran reunidos en la Plaza Grande de Quito frente a la Municipalidad para reclamar que se revise la ordenanza que permite las corridas de toros en la capital.
En la mañana de hoy, los representantes legales de revista Vistazo presentaron las pruebas de descargo en la denuncia interpuesta por cinco organizaciones sociales, vinculadas al Régimen (Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa).
El Municipio lo que está haciendo es reglamentar la ordenanza en base al resultado de la pregunta 8 en la consulta popular. La misma que desde un inicio fue tramposa y manipuladora, con dedicatoria para perjudicar a cierto sector de la ciudad de Quito que vive de la fiesta taurina. Si se quería hacer un cambio real como ocurrió en Cataluña debió preguntarse si se eliminan o no los toros. Y al igual que la pregunta de los casinos y juegos de azar, su alcance tenía que ser nacional.
Con 2 000 máquinas tragamonedas incautadas hasta el último fin de semana, el Ministerio de Relaciones Laborales pretende asegurar la liquidación de 3 370 trabajadores.
Con objetivos aparentemente lógicos, el Gobierno incluyó dentro de la consulta una pregunta para prohibir las corridas de toros, supuestamente para "impedir el sufrimiento del animal", habiéndose aprobado esta propuesta, llama, sin embargo, profundamente la atención que se siga permitiendo las banderillas y la pica del animal, es decir que se prohíbe la muerte del toro pero no se prohíbe torturarlo. Una incongruencia inaceptable.
El Municipio de Quito acaba de aprobar la reforma a la ordenanza taurina, que prohíbe la muerte del toro en el ruedo.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) despachó, la tarde de ayer, el recurso de aclaración y ampliación solicitado por Martha Roldós, ante la negativa del organismo de aceptar su apelación a los resultados nacionales de la consulta popular.
El conteo de votos de Guayas y Pichincha se suma hoy al escrutinio nacional. Esto ocurre luego de que se terminaron las apelaciones que había en contra de esos resultados.
Según el art. 62 de la Constitución, las y los ecuatorianos tenemos derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. Y, la publicidad del CNE para la consulta que se difundió por todos los medios, decía que "en democracia, la opinión de todos cuenta".