El coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, insistirá en denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por supuestas violaciones a sus derechos fundamentales. Su decisión la mantiene aunque sorpresivamente el Gobierno decidió reintegrarlo a las filas de la Policía.
La resolución del Régimen se tomó casi seis meses después de que el Consejo de Generales de la Policía resolviera darle la baja por “mala conducta profesional”.
En diciembre del 2011, el Consejo de Generales había destituido a Carrión porque supuestamente había actuado en contra de la normativa policial.
En la resolución, se utilizó como argumento principal la declaración que dio Holger Guerrero, ex asesor de prensa del asambleísta Fernando Bustamante, en el proceso judicial que se inició contra Carrión, por presunto intento de magnicidio al presidente Rafael Correa. Guerrero aseguró que había escuchado al entonces Director del Hospital policial decir: “Ponle cianuro a ese hijo de p…, para que se muera rápido”.
Pero esa declaración fue desestimada en el proceso judicial que se inició en su contra. La razón: no hubo pruebas de que Carrión haya querido asesinar al Mandatario. A pesar de ello, el Coronel fue dado de baja de la Policía.
Ahora, casi seis meses después, el ministro del Interior, José Serrano, dispuso al Consejo de Generales que se levante la remoción del uniformado.
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Sin dar mayores explicaciones, el Secretario de Estado pide al Consejo de Generales que se respete el debido proceso para futuros procesos disciplinarios, aunque ratifica la “mala conducta” de Carrión, en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
Según esa Cartera de Estado, la “mala conducta” de Carrión se evidenció en la entrevista que el uniformado concedió a la cadena internacional CNN, sin haber tenido autorización. Aunque él demostró que sí recibió el permiso.
La defensa del uniformado afirmó no estar de acuerdo con la forma de la resolución. Además, la calificó como “contradictoria”. El texto ratifica, por un lado, la “mala conducta profesional” y, por otro, es llamado a reintegrarse a las filas policiales aduciendo que no existe ese mal comportamiento.
Por ello, Carrión cree que todo esto fue parte de una “persecución política”, en la búsqueda de castigar a alguien por la revuelta del 30-S. E insistió en que la CIDH sea el organismo que se encargue de resolver su caso.
Precisamente, esta semana el Gobierno ha cuestionado el trabajo de la CIDH. El lunes pasado, el presidente Correa instó a los cancilleres del continente a apoyar unas modificaciones a la entidad, que modifican y limitan su campo de acción. Esto provocó las críticas al Gobierno ecuatoriano -nacionales como internacionales- porque consideran que se quiere controlar y limitar las actuaciones y pronunciamientos del organismo internacional.
A pesar de la posición gubernamental, Carrión ratificó que en julio presentará su denuncia ante la Comisión Interamericana de DD.HH. Insistió en que el Estado violó sistemáticamente sus derechos, al haberlo enjuiciado y luego haberlo removido de sus funciones.
A pesar de ello, el oficial aseguró que sí acatará la disposición del Consejo de Generales de la Policía, pero una vez que se emita el acuerdo ministerial correspondiente, en el que se levanten dos disposiciones que forman parte del proceso administrativo de su caso. Estas son el estado de disposición y de transitoria.
Carrión irá a la Dirección de Bienestar Social de la Policía.
Más datos del proceso
El estado de disposición en la Policía se dicta cuando un uniformado atraviesa un sumario administrativo en su contra.
La transitoria se ordena cuando un policía ha sido llamado a un juicio penal.
Ayer, en una rueda de prensa, Jeaneth Orbe, esposa de Carrión, dijo que el coronel no dejó de recibir su sueldo, mientras duró el proceso judicial.
Jeaneth Orbe también exigió al presidente Rafael Correa frenar los ataques verbales en contra de su esposo.
“Mis hijos ya están hartos, ya estamos cansados. 2 años le he pedido que nos deje en paz, que nos deje
vivir”, dijo.
Agregó: “ Ahora le exijo -porque yo soy también del pueblo- que nos deje hacer nuestra vida en paz (…)”.+
La cronología
Octubre del 2010
El coronel César Carrión fue detenido por la Policía, luego de que el presidente Rafael Correa lo acusara, en un enlace, de haberlo querido asesinar.
Febrero del 2011
César Carrión y otros tres policías más fueron llamados a juicio por el supuesto delito de intento de magnicidio. El Juzgado XIII de lo Penal acogió el dictamen de la Fiscalía.
Mayo del 2011
El Quinto Tribunal de Garantías Penales de Pichincha absolvió a Carrión de los cargos impuestos por la Fiscalía. Este organismo apeló la sentencia.
Octubre 2011
La Primera Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la inocencia de Carrión. El fiscal General, Galo Chiriboga, no acudió a la audiencia.