Los acreedores de deuda ecuatoriana tienen hasta este viernes para aceptar o rechazar la propuesta del Gobierno, que planteó reestructurar cerca de USD 18 000 millones en bonos. Hasta la semana pasada había un 53% de apoyo, pero se necesita 66% para nueve bonos y 75% para otro que vence en el 2024.
Los efectos de la pandemia en la economía nacional se sintieron completamente desde abril, luego de que el confinamiento comenzara en la segunda quincena de marzo pasado. Sin embargo, el impacto en las exportaciones ha sido limitado, sobre todo en mayo, básicamente por el desempeño de los principales productos primarios de exportación.
El acuerdo entre el Gobierno y un grupo de acreedores que posee el 45% de bonos ecuatorianos es un paso positivo para ir aliviando el flujo de recursos en las finanzas públicas, que se volvieron insostenibles no solo por el alto gasto público que dejó el anterior gobierno, sino porque el actual Régimen continuó con esa política, aunque ahora tiene la intención de corregir el problema.
El país ya conoce las consecuencias del cierre de la economía, por lo que deberá redoblar esfuerzos para evitar un nuevo confinamiento. Sin pandemia de por medio, la economía nacional ya se había contraído 2,4% el primer trimestre de este año respecto a igual período de 2019. Y aunque aún no hay cifras oficiales del segundo trimestre, se prevé que el derrumbe económico ocurrió entre abril y junio, por la paralización de un 70% de las actividades productivas, lo que dejó pérdidas por USD 16 200 millones.
Una de las propuestas que comenzó a generar debate en las últimas semanas ha sido el aumento del impuesto al valor agregado (IVA) en dos puntos, a partir del próximo año. La iniciativa es de Manuel González, uno de los cuatro flamantes asesores del Gobierno en materia económica. El aumento del IVA es una de sus propuestas para dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Otra es aplicar un impuesto a los altos patrimonios para cubrir los gastos que ha generado la pandemia, lo cual va en línea con lo planteado por organismos como el Fondo Monetario Internacional.
Abril del 2020 fue un mes atípico en Ecuador, entre otras cosas porque el precio del petróleo se desplomó hasta niveles de USD 11 por barril, en el caso del crudo Napo, y de 17 en el crudo Oriente. Pero, además, por primera vez en más de una década el Gobierno obtuvo utilidades por la venta de derivados, es decir, los consumidores pagaron un precio superior al costo real de los combustibles.
El Banco Mundial estimó la semana pasada que la economía global se contraerá este año 5,2%. En América Latina, la región más golpeada del planeta, caerá 7,2%, mientras que Ecuador tendrá una recesión ligeramente superior: 7,4%, aunque otros cálculos llevar esa cifra hasta los dos dígitos.
Cada año, el costo global de la corrupción representa un 5% del producto interno bruto (PIB) mundial, que equivale a USD 2,6 billones. El Banco Mundial estima que las empresas y los individuos pagan más de USD 1 billón de anuales en sobornos. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial, los gobiernos menos corruptos recaudan 4% más del PIB en ingresos fiscales, respecto a los países con el mismo nivel de desarrollo económico, pero con niveles más altos de corrupción.
La crisis provocada por la pandemia del covid-19 está llevando a todos los países del mundo, con muy pocas excepciones, a endeudarse para reactivar sus economías. Pero un grupo de países, entre ellos Ecuador, se verá obligado a renegociar o reestructurar sus obligaciones para evitar caer en un ‘default’.
La negativa de la Asamblea para poner impuestos a los que más tienen, la oposición de los sindicatos a la flexibilización laboral, el rechazo de las universidades a revisar cualquier opción para optimizar el gasto en educación, el rechazo a la eliminación o focalización del subsidio a los combustibles a través de una banda de precios. Parece que nadie quiere cargar con el costo de una crisis económica cuya magnitud está en ascenso.
La Ley Humanitaria aprobada por la Asamblea la noche del viernes pasado no dejará un solo centavo a las arcas fiscales. La presión ejercida por el sector empresarial y varios partidos políticos obligó el Gobierno a dar marcha atrás en su intención de obtener cerca de USD 1 400 millones de trabajadores y empresas, con el fin de hacer frente a los altos costos de la pandemia por el covid-19,
En las últimas semanas el Gobierno ha recibido la aprobación de créditos por USD 2 667 millones de los bancos multilaterales.
El mismo día que el Directorio del FMI aprobó un crédito para Ecuador por USD 643 millones, también renovó una línea de crédito para Colombia por 10 800 millones.
Si el país vuelve a la nueva normalidad el próximo 4 de mayo, la cuarentena habrá durado 49 días y Ecuador habrá perdido cerca de USD 10 000 millones en ese período, que seguramente serán más porque las actividades se irán reestableciendo paulatinamente.
El plazo para pagar las utilidades venció el 15 de abril pasado y algunas empresas cumplieron con esta obligación, otras no lo hicieron porque se quedaron sin liquidez debido a la cuarentena. Y un grupo adicional, pese a tener liquidez, llegó a acuerdos para pagar las utilidades por partes, ya que esos recursos serán necesarios para cancelar los sueldos de este y de los próximos meses.
El plan del Gobierno para afrontar la pandemia del covid-19 tiene datos generales sobre el impacto económico de la pandemia, no se conoce el presupuesto real para afrontar la crisis y por ende tampoco hay certezas de los objetivos para reducir la pérdida de empleos o la caída de la pobreza, que serán inevitables en una escenario de recesión.
El plan personal, familiar o empresarial para el resto del año habrá que volverlo a diseñar en función del nuevo escenario económico que plantea la pandemia del covid-19.
Miles de familias ecuatorianas están haciendo cuentas de cuánto dinero necesitarán para mantenerse a salvo mientras dura la cuarentena por el covid-19.
La economía mundial está en cuarentena. Los negocios cierran temporalmente, los consumidores están encerrados y la demanda global cae, al igual que las ventas y el empleo.
Ninguna autoridad tiene una estrategia de salida ante la pandemia del covid-19. Y mientras se diseña una, la decisión es cerrar las puertas para limitar el contagio, empezando por las fronteras y aislando a la población en sus casas, ya que el virus se mueve con las personas. Aunque un 80% de los contagiados se recupera sin problema, el riesgo es que los más vulnerables no lo hagan.