Octubre ha sido un buen mes para las exportaciones ecuatorianas. De hecho, fue el mejor desde que estalló la pandemia del covid.
Hace algunos meses fueron las universidades, ahora son los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que reclaman por la reducción de asignaciones presupuestarias. Sus argumentos son válidos: la educación requiere mayor inversión porque de ella depende el futuro del país, siempre que la educación sea de calidad, claro. O que las obras municipales y provinciales son necesarias para el desarrollo, lo cual supone que los recursos se invierten en obras prioritarias y de alta calidad. ¿Lo hacen?
A un mes que finalice el 2020, que para muchas personas será el peor de la historia debido a los efectos de pandemia, este año terminará con menos drama de lo que se pensaba hasta junio pasado, cuando el confinamiento hacía pensar en una debacle económica, social y sanitaria de mayor magnitud.
Cada cierto tiempo, sobre todo en épocas electorales, aparecen los inconformes con la dolarización, adoptada en el 2000 debido al pésimo manejo de la política monetaria en la década de los 90. Las emisiones inorgánicas de moneda nacional ocasionaron alta inflación y devaluación de la moneda local, lo que arruinó el salario de los trabajadores.
Hace 17 años, cuando Ecuador y los países andinos empezaron a negociar un Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, uno de los objetivos de los negociadores locales era generar una presión externa para alinear al país en un modelo de desarrollo orientado al mercado internacional. Ese objetivo sigue vigente, ya que el mercado ecuatoriano es pequeño y limita el desarrollo y la generación de empleo.
Una vez confirmada la victoria de Joe Biden para la presidencia de EE.UU. ya se puede hacer una primera proyección de lo que significará su plan económico para la economía estadounidense, pero también para América Latina y específicamente para Ecuador.
El nuevo Ministro de Economía y Finanzas regresó de Estados Unidos luego de un viaje que buscó, básicamente, consolidar el apoyo financiero de los multilaterales, aunque hubo otros dos temas de igual importancia.
La pregunta básica a la hora de tomar decisiones en materia arancelaria es definir con claridad a quién beneficia tal o cual medida.
En las próximas semanas empezarán las negociaciones para definir el salario básico que regirá a partir de enero del 2121. Y como ha sido costumbre, lo más probable es que no haya acuerdo entre empleadores y trabajadores.
Ningún candidato a la Presidencia de la República saldrá a defender abiertamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La mayoría dirá que va a renegociar ese acuerdo porque los términos de la carta de intención no son convenientes para los intereses de la mayoría de los ciudadanos.
Cualquier plan económico que presenten los candidatos a la Presidencia deberá enfocarse principalmente en el crecimiento de la economía, ya que sin crecimiento no habrá empleo. Y si no hay nuevas oportunidades laborables, sobre todo para jóvenes y mujeres, tampoco habrá una sociedad ecuatoriana inclusiva y más igualitaria.
El monopolio que tiene Petroecuador para importar combustibles está a punto de terminar, lo cual introducirá algo de competencia en un mercado catalogado como estratégico para justificar la intervención estatal.
La discusión sobre cómo se definen las tasas de interés en Ecuador ha comenzado y eso es saludable, ya que el sistema vigente es confuso y ha causado distorsiones en el mercado.
El fin del estado de excepción es una oportunidad para alinear al país en una nueva dinámica, una orientada a recuperar la producción y los empleos que se perdieron durante los seis meses de confinamiento y restricciones.
El segundo trimestre del 2020 quedará marcado como el peor período de la historia económica del Ecuador, debido al cierre obligatorio de los negocios y al aislamiento de los ciudadanos en sus hogares, producto de la pandemia del covid-19.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es un paso positivo para cubrir necesidades inmediatas del Gobierno. Sin embargo, se necesitará mantener el apoyo internacional en los próximos años e involucrar a más multilaterales para mantener el flujo de recursos que necesitará el país cuando arranque la etapa de reactivación económica. Al mismo tiempo, se vuelve indispensable realizar las reformas internas para que Ecuador pueda valerse por sus propios medios.
Durante la pandemia no ha faltado liquidez en la economía ecuatoriana. Es más, ha aumentado, según las cifras del Banco Central.
Ecuador necesita crecer de forma sostenida y con equidad. Y uno de los sectores que puede contribuir es el de telecomunicaciones.
Los peores indicadores laborales del país se pusieron primero a disposición de gremios empresariales y luego de la población, lo cual habla mal de la entidad responsable del manejo de las estadísticas del país.
Cuando las autoridades hablan de una caída en el producto interno bruto (PIB), el primer mensaje que se envía es eso afectará el nivel de vida de los ciudadanos y trastocará el presupuesto familiar. Sin embargo, las desigualdadades en el país y la dinámica de cada sector económico hará que impacto se sienta diferente entre los ciudadanos.