La independencia que debería existir entre los diferentes poderes del Estado nuevamente se ha roto. De manera poco acertada, el Presidente de la República ha denunciado un inminente “boicot a la consulta popular” por el simple hecho de que esté en manos de Nina Pacari, magistrada de la Corte Constitucional y encargada de analizar la cinco preguntas que enmendarían la Constitución.
Aunque la decisión final la tendrá el pleno de la Corte Constitucional, Correa se ha adelantado a cuestionar la idoneidad de una jueza como Pacari simplemente por la vinculación que tuvo en el pasado con el movimiento Pachakutik. Es decir, en lugar de mantener la debida distancia y mesura, el Presidente la ha descalificado tildándola de ser parte de una “jugada política” y de estar “aliada con la derecha”.
En primer lugar habría que preguntarle qué quiere decir con “derecha”. Hay académicos y militantes de izquierda que piensan lo contrario. Es decir, que este Gobierno no tiene nada de izquierda.
En segundo lugar, es realmente poco afortunado que un Presidente de la República soslaye la autonomía que debería existir entre las diferentes funciones del Estado. Uno de los elementos esenciales de un Estado de Derecho consiste en la efectiva separación y distribución de poderes. Eso se rompe cuando se habla de “meter la mano en la justicia” o cuando se amenaza a los miembros de otros poderes de estar “politizados” o aliados con la “derecha”.
En tercer lugar, si uno analiza con detenimiento las preguntas de la consulta, estas no solo deberían ser anuladas por la falta de criterio jurídico y constitucional sino incluso por la calidad de su redacción. No sé si un estudiante de primaria podría redactar algo con un poco más de coherencia y de sentido.
Es increíble que pese a ser autores de la “Carta política más perfecta que ha existido en el Ecuador” metan en un solo saco referéndum y consulta o, de igual modo, no puedan distinguir enmienda de reforma. Lo primero, en términos jurídicos, hace referencia a una corrección de un defecto o error. Lo segundo, a una innovación o mejora. La misma Constitución, en sus artículos 441 y 442, fija caminos distintos para ello.
Incluir en la consulta preguntas sobre asuntos poco relevantes como corridas de toros o juegos de azar le resta seriedad. Cualquier reforma, siempre y cuando no altere los principios y estructura fundamental del Estado, podría tramitarse a través del Legislativo donde el Gobierno tiene mayoría.
A todas luces se aprecia una clara intención de desviar la atención de la ciudadanía del mal manejo del Estado y aprovechar este instrumento con fines políticos. Deberían meditar primero, antes de hablar de boicot.