A diferencia de lo que ocurría el viernes en Quito, la presencia, en Riobamba, de las distintas organizaciones sociales para analizar el contenido de la Ley de Aguas fue menor.
Desde el miércoles de la semana pasada, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea preparó un cronograma de visitas a las 22 provincias del país. Su objetivo es impulsar la llamada consulta prelegislativa, trámite establecido en el artículo 57 de la Constitución, para abordar las leyes o planes que vinculen los recursos no renovables y que incidan sobre las poblaciones indígenas. La ronda de consultas culminará el martes 15.
La que se desarrolló el viernes en Riobamba, en el auditorio del Gobierno Provincial de Chimborazo, es la segunda consulta. La Ley de Aguas está en segundo debate desde el 2010 cuando fue suspendida.
Eran las 10:00 y los invitados a la reunión de Riobamba, convocados para las 09:00 todavía no llegaban. “Enviamos una invitación a todas las organizaciones que se inscribieron para ser parte del debate de esta ley. También hicimos publicaciones en los periódicos y otros medios de comunicación”, contó Ronny Moreno, responsable del Consejo de Participación Ciudadana.
Media hora después, arribó el asambleísta de Alianza País, Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Él era el encargado de explicar el propósito de la audiencia. “Queremos una ley que nos beneficie a todos, por eso es importante escuchar su opinión. Todas sus propuestas vinculantes serán tomadas en cuenta”, dijo en su discurso.
A la consulta acudieron representantes de nueve de las 11 organizaciones sociales y políticas que se inscribieron ante el Consejo de Participación Ciudadana. Estuvieron representantes de la Corporación de Taitas y Mamas para el Desarrollo del Sumak Kawsay; de la Unión de Organizaciones del Pueblo Puruhá; y de la Corporación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Flores. También de Químiag, Palmira, Achupallas y Cebadas, y de la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH).
También arribaron los dirigentes de la Ecuarunari en la Sierra Centro, liderados por Marco Guatemal, vicepresidente. Esta organización es parte de la Conaie. Las organizaciones que no asistieron fueron la Conposiiech y la Asociación de Comunidades Evangélicas de Licto.
“Lamento mucho las ausencias de hoy. Siempre les invitamos y no llegan”, dijo en quichua la asambleísta Rosa Elvira Muñoz. Solo la mitad de butacas del auditorio se ocupó y en el listado de asistentes se contaron 126 personas.
En la primera parte de la reunión, Carvajal difundió los resultados del primer encuentro que se realizó en septiembre del 2012. “En esa ocasión participaron los representantes de 436 organizaciones base. Hoy, nos toca discutirla con las organizaciones de segundo grado”, explicó el asambleísta.
La mecánica de trabajo dispuesta por la Asamblea consiste en recoger las opiniones de estos sectores sobre esa ley, para sistematizarlas en un consolidado final. Los conceptos que de allí surjan se expondrán en la tercera fase del proceso, cuya fecha aún no está definida.
“Los militantes de la Ecuarunari estamos participando en la veeduría de este proceso para garantizar que se cumpla con la Constitución, estaremos presentes en todas las audiencias de la Sierra. Nos preocupa mucho la poca afluencia y el desinterés en algunos sectores como Cotopaxi y Chimborazo”, dijo Marco Guatemal.
La segunda parte del evento fue la más extensa. El micrófono se entregó a todos los asistentes que levantaron la mano para opinar, cada discurso era grabado para la sistematización. “Queremos que se escuchen nuestras ideas y no que nos digan que no son vinculantes, la ley nos afecta a nosotros”, opinó Jorge Yantalema, uno de los asistentes.
Un proceso similar se realizó en Quito, en el ex Salón del Senado de la Asamblea. Allí participó, entre otros dirigentes, el presidente de la Conaie, Humberto Cholango.
Al respecto de este proceso, el exlegislador Gerónimo Yantalema, pone reparos a la legitimidad de este proceso. Solo para citar un ejemplo, señala que en Riobamba debieran darse reuniones con más de 30 organizaciones. Además, no solo cuestiona las complejidades técnicas que presenta el modelo escogido por la Asamblea. Sugiere un organismo especializado para este proceso, Además, cuestiona que el oficialismo considere que estos espacios no sean vinculantes. “Ese es un retroceso en materia de derechos”.