¿Tame sirve a los intereses del público o a un grupo político que tiene el poder? Esa es la primera inquietud que surge luego del incidente ocurrido el viernes pasado, cuando 32 pasajeros se negaron a desocupar en Quito el avión que en dos ocasiones había intentado tocar pista sin éxito en Cuenca.
Desde que llegó al cargo, en mayo pasado, el fiscal Carlos Baca ha manejado con extrema reserva, y sin la celeridad que la colectividad demanda, las investigaciones en torno a los sobornos de Odebrecht y la corrupción en Petroecuador.
Es una paradoja. Desde que dejó el poder en mayo pasado, Rafael Correa se convirtió en el principal opositor del presidente Lenín Moreno. Atrincherado en Twitter, el exmandatario disparó sin cesar cuestionando las decisiones sobre la política anticorrupción, la relación con los indígenas, el tema educativo y el diálogo con la oposición.
El juicio que investiga la presunta asociación ilícita de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, es considerado por la Fiscalía un tema que debe mantenerse en secreto, pues puede atentar contra la estructura del Estado.
Aunque las últimas semanas el presidente Lenín Moreno ha apuntalado su propuesta de diálogo con diferentes sectores, aún es una incógnita si eso le alcanzará para sortear el mayor lastre de su Gobierno: el juicio político al vicepresidente Jorge Glas.
Ágiles como linces y lentos como tortugas. Los asambleístas del oficialismo aplican la tarea de la fiscalización con un doble rasero: contundente en el caso del contralor Carlos Pólit y condescendiente con el vicepresidente Jorge Glas. Ambos funcionarios son cuestionados por su responsabilidad política en el manejo de las tareas a su cargo. Pólit cayó en desgracia, una vez que hace dos semanas la Fiscalía ordenó el allanamiento de su vivienda y es indagado por un supuesto delito de concusión en el control de la central San Francisco, construida por Odebrecht.
Walter Solís Valarezo fue un hombre de confianza del anterior Gobierno.
La participación del contralor Carlos Pólit en supuestos pagos ilegales relacionados con el caso Odebrecht desató reacciones a todo nivel, especialmente en la Asamblea desde donde se pide su enjuiciamiento político.
Durante la campaña, el hoy presidente electo Lenín Moreno sacó varios ases bajo la manga. Especialmente, disparó al electorado nueve ofertas que tuvieron gran impacto e incluyen la construcción de 325 000 viviendas; subir de 50 a 150 dólares mensuales el Bono de Desarrollo Humano; créditos para jóvenes; la creación de 40 universidades, así como la puesta en marcha de la Refinería del Pacífico, entre otras.
La era del correísmo sin Correa empezó el domingo en la Asamblea. Y en su debut echo mano de esa práctica de exclusión tan característica de la última década.
A pocas semanas de su salida del poder, el presidente Rafael Correa persiste en la que ha sido una constante durante su Gobierno: la injerencia en otras funciones del Estado.
A pocas semanas de asumir el poder, Lenín Moreno enfrenta una difícil encrucijada. Marcar su propio estilo de gobernar, en el fondo y la forma, o seguir la línea que ha marcado durante diez años Rafael Correa.
A pocas semanas de terminar su mandato, el presidente saliente, Rafael Correa, insiste en su retórica virulenta. Aunque eso signifique agrietar el discurso conciliador que Lenín Moreno trata de proyectar como virtual ganador de las elecciones.
La teoría del complot nuevamente es la punta de lanza de la táctica del oficialismo, desde el Ejecutivo y el Legislativo, para poner contra las cuerdas a la encuestadora Cedatos, Participación Ciudadana y varios medios de comunicación.
Los vacíos y las dudas sobre lo que ocurrió este 2 de abril en el conteo de votos deben ser despejados de forma contundente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las empresas encuestadoras que hicieron los ‘exitpolls’.
El candidato Lenín Moreno sigue siendo rehén de las lógicas de Alianza País. En los últimos días de campaña prefiere apegarse a la estrategia de un aparataje propagandístico apabullante y no correr riesgos en terrenos frágiles que, desde su óptica, pueden afectar sus aspiraciones electorales.
Una de las condiciones de Odebrecht para revelar los nombres de los funcionarios ecuatorianos que recibieron sobornos por 33,5 millones es que no se inicien acciones penales o civiles en su contra en el país.
En la lógica correísta quien más méritos ha hecho para llegar a ser el nuevo fiscal general es Carlos Baca Mancheno. Sin lugar a dudas.
A lo largo de estos diez últimos años Rafael Correa y su maquinaria propagandística se especializaron en construir enemigos.
Qué tiempos aquellos. Cuando, fruto de los altos precios del petróleo y el aumento de los ingresos tributarios, el Gobierno podía gastar a manos llenas. Mostrar en obras grandilocuentes o simplemente en elefantes blancos (el movimiento de tierras de la refinería fantasma del Pacífico o las escuelas de milenio con ascensor son dos botones de muestra) los logros de la llamada revolución ciudadana.