Policía allanó un departamento de la exjueza Pamela Martínez

El miércoles, la fiscal Ruth Amoroso (centro) ratificó la orden de prisión que pesa en contra de Martínez y Terán. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El miércoles, la fiscal Ruth Amoroso (centro) ratificó la orden de prisión que pesa en contra de Martínez y Terán. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El miércoles, la fiscal Ruth Amoroso (centro) ratificó la orden de prisión que pesa en contra de Martínez y Terán. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La fiscal Ruth Amoroso descubrió que Pamela Martínez, exjueza constitucional y antigua asesora de Rafael Correa, posee un departamento, en el norte de Quito.

La información sobre la propiedad salió a la luz durante la diligencia que realizaron los agentes de Criminalística a la Corte Constitucional, el martes pasado. Allí, los investigadores dicen haber encontrado cheques girados por Martínez “a favor de un edificio”.

Con base en esa información, la Fiscalía obtuvo una orden judicial y entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer 30 de mayo del 2019 se hizo el allanamiento.

Sin embargo, hasta la tarde de ayer, la Fiscalía no se pronunciaba sobre las evidencias encontradas en el inmueble.

Esta diligencia se suma a otras pericias realizadas en el caso. Por ejemplo, la Policía decomisó equipos electrónicos y celulares cuya información será extraída en una audiencia privada, en Criminalística.

En este caso, denominado Arroz Verde, la Fiscalía investiga un presunto esquema para esconder los aportes de empresas contratistas a favor de Alianza País. Esos montos económicos habrían servido para financiar las campañas de diferentes candidatos, entre 2013 y 2014. Por estos hechos está también procesada Laura Terán, exasistente de Martínez.

A partir de la denuncia del caso Arroz Verde, la Fiscalía abrió una segunda indagación. Esta vez contra Santiago Cuesta, consejero del presidente Lenín Moreno. El expediente se basa en la denuncia de Fernando Villavicencio, autor del reportaje Arroz Verde.

La fiscal Diana Salazar, está a cargo de ese caso y ordenó que se tomen las versiones de Villavicencio y de Cuesta para el 12 de junio. El Consejero criticó el financiamiento y el trabajo de Villavicencio, pues dijo que omitió nombres de los posibles autores de la trama de corrupción. “Se ha quedado callado”, dijo el pasado 12 de mayo en una entrevista.

Allí presentó la información sobre los depósitos realizados a las cuentas bancarias del hermano de Villavicencio. Ahora, Cuesta es indagado por supuesta divulgación de información restringida.

Entre las primeras diligencias, la Fiscal solicitó a un banco datos de los funcionarios que tuvieron acceso a las cuentas bancarias del hermano de Villavicencio, entre el 2017 y 2019. También solicitó certificados de los empleados que hayan entregado información sobre los registros de depósitos, cortes de cuenta y movimientos bancarios.

Cuesta dijo a este Diario que se pronunciará después de su versión en la Fiscalía.

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